SEQUÍA AMENAZA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ESTADOS UNIDOS.
La mayor sequía en Estados Unidos en más de 50 años amenaza con disparar los precios de la cesta de la compra, pone en cuestión la viabilidad de los biocombustibles y revela el impacto climático en la seguridad alimentaria.
La inusual ausencia de lluvias en el medio oeste y sur estadounidenses se está alargando demasiado y ha reducido a hojas secas y tallos escuálidos inmensas extensiones de maíz y soja, materias primas de la industria alimentaria, que amenazan con disparar los precios no solo en EE.UU., sino a nivel mundial.
Estados Unidos, el primer productor mundial de maíz, seguido de China y Brasil, se encuentra ante un año nefasto para las cosechas debido a una sequía que se ha centrado en los estados agrícolas y que afecta al 88 por ciento del maíz y el 77 por ciento de la soja.
“La situación es muy grave en lugares como Illinois, que ha recibido algo de lluvia por fin, aunque probablemente el precio del maíz seguirá subiendo”, indicó a Efe Garry Niemeyer, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz.
Niemeyer señaló que los problemas de producción en Estados Unidos también suponen una oportunidad para agricultores en México y América del Sur, que podrán ayudar a equilibrar los precios del cereal más producido del mundo y clave en el establecimiento de precios a nivel mundial.
La sequía, extrema en estados como Indiana e Illinois, y que ha encarecido los precios del maíz en hasta un 50 por ciento, ha hecho replantear también el uso de este cereal para producir etanol, un biocombustible, en el que se consume el 40 por ciento de la producción, mientras que el resto se dedica a alimentar ganado.
Según Randy Spork, presidente electo de la Asociación Nacional de Productores del Porcino, esta semana ganaderos como él ya están experimentando un aumento del precio de los piensos para sus piaras, y la principal preocupación es que los insumos escaseen y “los consumidores no estén dispuestos a pagar los precios finales”.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que los precios de la carne de ternera subirán este año entre un 4 y 5 por ciento debido a la sequía, mientras que los del cerdo, pollo, leche y huevos lo harán en un porcentaje similar.
Esto se debe, según explica Niemeyer, a que el maíz afectado es el utilizado para ganadería y bicombustibles, no el maíz dulce para consumo humano, que se recogió el mes pasado y que registró récord de producción.
Neimeyer negó que la demanda de maíz de la industria de bioetanol vaya a tener un impacto decisivo en la subida de los precios del maíz, un año en el que se alcanzó el récord desde 1936 de acres dedicados a la plantación de esta gramínea.
En su opinión, el sector de biocombustibles es “muy flexible y tiene excedentes que permiten que mitiguen el impacto en los precios en este año de sequías”, algo que no comparten los ganaderos.
Spronk cree que es necesario que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) conceda una moratoria en la venta de maíz para bioenergía de manera que se reduzcan las presiones sobre el precio de los alimentos.
Las asociaciones de ganaderos de todo el país están pidiendo que se reduzca o cancele temporalmente el mandato federal que obliga a dedicar una parte de la producción de maíz a biocombustibles y se moderen así los precios, cuyo impacto puede afectar a los precios de la cesta de la compra fuera de Estados Unidos.
Ya en 2008, los subsidios para fomentar la venta de maíz para biocombustible y la especulación empujaron al alza los precios a nivel mundial, con un impacto en la seguridad alimentaria de países como México, Haití o Bangladesh.
Otra de las preguntas que ha motivado esta sequía, a la que por el momento no se le ve el fin, es si el cambio climático está afectando a la agricultura y obliga a repensar el uso de recursos tan básicos como el agua.
Según la profesora Virginia Burkett, jefa del departamento sobre cambio climático y uso de la tierra del Servicio Geológico de EE.UU. esta sequía se debe “a una combinación a los ciclos climáticos habituales amplificados por el calentamiento global”.
“Falta conocer datos más a largo plazo, pero está claro que el calentamiento global está provocando cambios en los ciclos que afectan a la agricultura, algo que ya se está viendo en otras partes del mundo”, advirtió Burkett.
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MÉXICO: COMUNIDADES EN PIE DE GUERRA CONTRA MINIHIDROELÉCTRICAS.
Las represas hidroeléctricas con capacidades menores a 30 megavatios son para las autoridades de México una importante opción de generación de energía, pero las comunidades afectadas por estas obras las rechazan, aduciendo que conllevan daños sociales, económicos y ambientales.
En la primera línea de combate contra estas represas pequeñas están comunidades de los sureños estados de Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, que poseen un alto potencial para construir una gran cantidad de ellas.
“Se maneja el discurso de que las llamadas minihidroeléctricas no tienen impactos (negativos sobre las comunidades), pero la gente ya cuenta con la información necesaria para decir que cualquier tipo de presa los tiene”, dijo a IPS la activista Angélica Castro, coordinadora de Incidencia Pública y Participación Ciudadana de Educa Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa.
Esa organización no gubernamental trabaja desde 2006 con habitantes de 39 comunidades de seis municipios de Oaxaca involucrados en el proyecto “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina”, sobre el río Verde, que planea construir la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). La obra tendrá capacidad para generar 510 megavatios de electricidad.
Esas comunas, unidas en el Consejo de Pueblo Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), se oponen al levantamiento de la planta hidráulica, cuyos estudios socioeconómicos y ambientales están en proceso de elaboración.
En México operan al menos 50 minihidroeléctricas públicas y privadas, en su mayoría obsoletas, que generan unos 50 megavatios. La estatal Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) estima que el sudeste del país presenta para este tipo de generadoras un potencial superior a 400 megavatios en 72 sitios identificados.
Esa región es rica en recursos hídricos por su gran cantidad de ríos y de precipitaciones anuales. De hecho, el no gubernamental Centro Mario Molina indica que Oaxaca y Chiapas generan prácticamente toda la electricidad que consumen mediante fuentes renovables, como la eólica, la geotérmica y la solar, además de las minihidroeléctricas.
Mariana González, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas del no gubernamental Fundar, Centro de Análisis de Investigación, advirtió que las minihidroeléctricas, que “son redituables en el corto plazo, alteran el suelo y el entorno sin dejar beneficios para las comunidades locales”.
Fundar asesoró entre 2010 y 2012 a cuatro comunidades de Oaxaca afectadas por el proyecto de pequeña hidroeléctrica Cerro de Oro, con capacidad de generar 10,8 megavatios. Con esa actuación lograron frenar la obra.
La construcción se había iniciado en 2010 sin consultar a la población, por lo cual esas comunidades presentaron en noviembre de ese año una queja ante la Oficina de Rendición de Cuentas de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), entidad financiera del gobierno de Estados Unidos para colocar dinero privado en proyectos en países emergentes.
Los acusadores argumentaron, entre otros puntos, que las dos empresas detrás del proyecto no informaron de la minihidroeléctrica ni sobre sus efectos ambientales y sanitarios, no consultaron a las comunidades, no identificaron formas de mitigar las consecuencias adversas ni compensaron adecuadamente a los dueños de la tierra.
La OPIC otorgó 60 millones de dólares a las empresas responsables de la obra. En marzo de 2011 se creó una mesa de resolución de conflictos con la presencia de las partes involucradas, sin que las poblaciones locales accedieran a aceptar el proyecto ni uno alternativo.
En noviembre, finalmente la OPIC dio el caso por cerrado y en marzo se detuvo el emprendimiento indefinidamente.
Pero los riesgos no se han desvanecido en las zonas rurales mexicanas. El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026, elaborado por CFE, incluye seis minihidroeléctricas que se hallan en etapas de prefactibilidad o factibilidad, sin llegar aún a la fase de diseño. Además, hay en estudio otras cuatro plantas con capacidades de entre 30 y 50 megavatios.
Adicionalmente, el gobierno mexicano cuenta con tres obras micro en fases de factibilidad y diseño, candidatas a sumarse al sistema eléctrico nacional. En Chiapas se identificaron siete sitios para instalar generadoras.
Entre las barreras a esta tecnología energética, la Conae identificó la falta de aceptación de la sociedad a este tipo de obras debido fundamentalmente a la inadecuada, nula o deficiente información brindada y a la ausencia de participación en el proceso de planeación y ejecución de la comunidad.
“El movimiento tiene claridad de que ningún tipo de presa, de ningún tamaño, es buena, todas tienen impactos negativos. Sólo quieren que los dejen en paz”, subrayó Castro.
Las comunidades perjudicadas han intercambiado experiencias sobre la lucha contra esas obras en aspectos como el organizativo, el legal y el ambiental.
Copudever evalúa presentar un recurso de amparo colectivo para zanjar la cuestión de la obra hidroeléctrica.
En el caso del proyecto Paso de la Reina, el estudio “Morfología del río Verde”, elaborado por seis expertos del estatal Instituto Mexicano del Agua y de la CFE, menciona que cuando se construye una presa se inicia un proceso de sedimentación y de erosión.
La Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó en marzo a empresas privadas la edificación de cinco minihidroeléctricas en Chiapas para vender la energía generada a la CFE.
“Es el proceso de privatización del sector eléctrico. Es un buen negocio para las empresas que usan la infraestructura estatal. Luego, el proyecto pasa al gobierno cuando el mantenimiento se vuelve más caro”, denunció González.
Generalmente, las plantas se convierten en propiedad de la CFE cuando expiran los contratos de 15 o 20 años de duración.
En diciembre pasado, el Senado avaló reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética de 2008 con el fin de promover la generación eléctrica por medio de represas de pequeña escala.
El Instituto Nacional de Ecología calcula que las represas hidroeléctricas pequeñas pueden reducir en 261 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono lanzadas a la atmósfera, debido a que desplazan el consumo de combustibles fósiles.
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COSTA RICA: BALLENAS Y DELFINES SE ADUEÑAN DEL PACÍFICO SUR.
Las ballenas jorobadas se adueñan del Pacífico sur de Costa Rica durante varios meses para brindar un espectáculo único en el que muestran su belleza y majestuosidad mientras nadan apacibles junto a sus crías.
Desde julio y hasta octubre, es común observar a estos mamíferos, que pueden pesar 30 toneladas y medir hasta 17 metros de largo, en Bahía Ballena y Drake, en Punta Uvita de Osa, Puntarenas.
Estos cetáceos, que viven hasta 50 años, viajan unos ocho mil kilómetros desde el hemisferio sur hasta nuestras aguas para aparearse y tener a sus crías en aguas más cálidas, tranquilas y poco profundas, detallaron expertos de la Fundación Keto.
Después de este viaje, las ballenas vuelven a migrar al hemisferio sur, para alimentarse pues es una zona más fría y con alta disponibilidad de alimentos.
Otra población de jorobadas que visita nuestro país es la que proviene del hemisferio norte, pero esta lo hace en enero. No solo las ballenas se lucen, también los delfines con sus dinámicos saltos atraen a turistas.
Impulsan prácticas de protección
Los tour operadores que laboran en el Parque Nacional Marino Ballena son regidos por el Reglamento para la operación de actividades relacionadas con cetáceos, implementado en el 2005.
Según la Fundación Keto, con este programa los operadores de turismo deben cumplir con ciertos estándares a fin de reducir la contaminación, cuidar los arrecifes y controlar las emisiones de ruido que afectan los sistemas de eco de las ballenas.
De esta manera, las embarcaciones deben viajar a menos de siete kilómetros por hora en presencia de cetáceos, no estar más de 15 minutos cerca de los individuos y alejarse cuando detecten estrés o cambios de comportamiento de los animales.
Todas estas prácticas no solo permiten la protección de los recursos naturales, sino también, ayudan a brindar un servicio seguro para los turistas.
“Como actividad humana genera impactos en la vida marina, de manera que, para que sea una fuente de ingreso sustentable, son fundamentales acciones que mantengan el buen estado de los ecosistemas”, manifestó Carolina Molina, directora ejecutiva de la Fundación Keto.
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LOS DOMINICANOS NO PERCIBEN LOS RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Una de las grandes dificultades a vencer en las políticas de adaptación al cambio climático en República Dominicana es la baja percepción de riesgo que tiene la sociedad, pese a estar seriamente expuesta al impacto del fenómeno.
Las probables consecuencias para República Dominicana de las transformaciones del clima van desde perder 14 por ciento de su territorio hacia 2100 y la salinización de la mitad de sus acuíferos, hasta una mayor intensidad de fenómenos naturales, como huracanes, y trastornos en el régimen de lluvias.
“Es por eso que una de las vertientes de nuestras labor es tratar de que la gente se sensibilice con el tema y entienda lo mucho que pueden perder por este problema”, dijo a IPS la coordinadora de proyectos del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), Evaydee Pérez.
La funcionaria considera definitivamente baja la percepción del riesgo entre los dominicanos, incluso en el empresariado turístico, donde no siempre se respeta la decisión de construir hoteles a más de 60 metros de la costa, aun a riesgo del proceso de salinización que ya afecta a las fuentes de abasto de estos centros que atraen a decenas de miles de visitantes.
La experta alerta que todavía existe una cierta tendencia a ver el cambio climático como un problema del futuro y tampoco se toma en cuenta que se trata de un tema no solo ambiental sino económico y social. “Mucha gente no entiende eso y considera que es un mito, una excusa”, indicó.
Una encuesta realizada para el gobierno por la consultora Gallup Dominicana concluyó, entre otras cosas, que el cambio climático ocupa el quinto lugar entre las prioridades de la población del país, en la cual existe además un conocimiento “muy difuso” acerca de las causas del fenómeno.
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