DERECHOS DE LA MADRE TIERRA, PRINCIPAL PROPUESTA DE BOLIVIA EN RÍO+20.
La delegación de Bolivia apoya el documento del G77+China, que se opone al de las Naciones Unidas, llamado economía verde.
El cuidado del planeta es uno de los temas de mayor repercusión en todos los niveles de la sociedad. Todos los países han tratado de generar diferentes mecanismos desde finales del siglo XX para conservar la naturaleza.
Uno de los primeros intentos fue una reunión celebrada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, donde se plantearon las primeras pautas para generar desarrollo sostenible, que ayude al ser humano y que dañe poco al ambiente.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha convocado a la cumbre Rio+20 para evaluar cuánto se avanzó en las dos décadas que transcurrieron desde que se realizó el primer encuentro.
En cuanto a la posición de Bolivia el responsable de la representación de ese país en Río+20, René Orellana indicó que “Bolivia, junto a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), ha logrado posicionar el tema de los derechos de la Madre Tierra”.
“Se logró la aprobación de una propuesta del G77+China, que reconoce que los retos más importantes para el desarrollo sostenible son erradicar la pobreza, lograr el derecho al desarrollo, promoviendo una vida en armonía con la naturaleza, y teniendo en cuenta la necesidad de un enfoque más holístico hacia el desarrollo sostenible”, manifestó Orellana.
Orrelana destacó que “Bolivia, presenta una propuesta que expresa que somos conscientes de que la Madre Tierra es un sistema vivo” que debe ser protegido y respetado por el ser humano.
La propuesta de la Economía Verde busca mercantilizar nuestros recursos naturales, indica el documento al que se adhirió Bolivia.
La economía verde, también conocida como economía ecológica, propone elaborar un modelo nuevo que debe instaurar la democracia directa, satisfacer las necesidades de todos y armonizar la actividad humana con la naturaleza. La propuesta es auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
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PROPONDRÁ PARAGUAY EN RÍO+20 MECANISMO PARA EVALUAR IMPACTO AMBIENTAL.
Paraguay planteará en la Conferencia Río+20 crear mecanismos nacionales, regionales y multilaterales dentro de Naciones Unidas, que puedan evaluar en forma independiente y sin conflictos de intereses, los potenciales impactos ambientales.
El mecanismo a adoptar a nivel internacional debe ser transparente e inclusivo para los sectores sociales, precisó un documento preparado por la Secretaría del Ambiente (Seam) y la Cancillería, que contiene la posición de Paraguay para la cita de esta semana en Brasil.
La Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Río+20, evaluará desde el próximo miércoles y hasta el viernes, en Río de Janeiro, la implementación de los compromisos asumidos por la comunidad internacional en relación al medio ambiente.
El documento preparado por Paraguay puntualiza que las decisiones sobre la problemática ambiental en cambio climático, biodiversidad y desertificación, deben provenir de un marco institucional sólido de altos niveles en el marco de los organismos de Naciones Unidas.
“La reducción de las brechas entre los compromisos asumidos hace 20 años en la Cumbre de Río y las metas concretas logradas debe ser evaluada para avanzar hacia un mundo justo y solidario, que permita un desarrollo sustentable”, dijo el ministro de la Seam, Oscar Rivas.
Explicó que la propuesta del Estado paraguayo para la también denominada Cumbre de la Tierra contiene varios tópicos, entre ellos el “desarrollo verde” en el contexto del desarrollo sustentable para la erradicación de la pobreza.
Después enfoca el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, las herramientas y el marco institucional para el desarrollo sustentable, para enfrentar los desafíos que plantea el aspecto climático en el planeta, y la visión para el futuro.
El informe indicó que en este siglo los dos desafíos centrales del desarrollo sustentable son, por un lado superar la pobreza y las desigualdades, y por otro restablecer el equilibrio del planeta, puntos que están ligados y son interdependientes.
La posición oficial planteó que “los países llamados desarrollados tienen que reducir sus niveles de excesivo consumo para restablecer la armonía entre los seres humanos y con la naturaleza permitiendo el desarrollo sustentable de todos los países en vías de desarrollo”.
Indicó que para restablecer el equilibrio con la naturaleza es preciso reconocer sus valores intrínsecos, establecer cuáles son las obligaciones del hombre con la naturaleza y reconocer el derecho humano a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
Según el documento de Paraguay, los Estados deben garantizar el derecho humano al agua, la educación, salud, comunicación, transporte, energía y el saneamiento con base en una gestión social eficiente para asegurar que lleguen a los pobres y marginados.
El acceso al agua en calidad y cantidad suficiente es un derecho humano y se debe trabajar coordinada y solidariamente para evitar que la pérdida de cobertura vegetal, tala de bosques, polución y contaminación sigan afectando el ciclo hidrológico, agregó.
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RESIDUOS QUÍMICOS Y MÁS MULTILATERALISMO, INQUIETUDES DE URUGUAY EN RÍO+20.
El buen manejo de los residuos químicos y fortalecer el multilateralismo para revertir la “actual situación crítica” del planeta son las principales inquietudes que Uruguay planteará en la próxima Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20, según informó su canciller, Luis Almagro.
El presidente de Uruguay, José Mujica, asistirá a la Cumbre con la clara posición de que este país buscará la reafirmación de los principios de la Cumbre anterior en 1992, acerca del desarrollo sostenible.
“La sostenibilidad sobre la base de pilares como la lucha contra la pobreza y la exclusión, promover el crecimiento y el desarrollo ambiental y apuntar a una protección cada vez más efectiva del entorno”, manifestó el canciller Almagro.
El “papel fundamental” de las organizaciones sociales y los ciudadanos fue uno de los aspectos más destacados por el ministro como un paso previo indispensable antes de la toma de decisiones.
Según Almagro, desde la Cumbre de la Tierra (Eco92), celebrada también en Río de Janeiro hace 20 años, ha existido “voluntad de asumir compromisos” en la materia pero “en algunas ocasiones la comunidad internacional, los espacios públicos y empresariales han quedado rengos”.
Pese a ello ratificó la “importancia del multilateralismo, aún en un mundo de crisis y grandes cambios” como el actual.
En la cumbre de Río, que se celebrará del 20 al 22 de junio próximos, “Uruguay buscará la reafirmación de los principios de Río 92, los pilares de la agenda de desarrollo sostenible y el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas”, explicó.
“Luchar contra la pobreza y la exclusión, promover el crecimiento y el desarrollo ambiental, y apuntar a una protección cada vez más efectiva del medio ambiente es algo que definitivamente nos beneficia a todos”, manifestó.
Almagro propuso también que el concepto de economía sea “una oportunidad para profundizar el camino de la lucha contra la pobreza”.
Recordó que según las estimaciones oficiales, en 35 años la población mundial aumentará en 2.000 millones de personas, las cuales van a necesitar usar agua potable y el suelo para producir alimentos y energía.
En ese escenario la “política ambiental global” resulta “fundamental” para “revertir la situación crítica actual del planeta y de nuestros recursos naturales, especialmente con agendas de acción nacionales”, remarcó.
Almagro anunció también que Uruguay acogerá justo después de la cita brasileña, el 27 de junio, la cuarta sesión del Comité de Naciones Unidas que están negociando la próxima convención medioambiental para regular el mercurio a nivel mundial, la cual está presidida por el diplomático uruguayo Fernando Lugris.
“Reafirmaremos también en Río la importancia del capítulo de químicos y deshechos como una área fundamental del desarrollo sostenible que requiere atención creciente y que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población”, explicó.
El ministro concluyó detallando que para Uruguay es “muy relevante” la coordinación interinstitucional y “políticas cada vez más transversales”, además de impulsar la “voz de la sociedad civil”.
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ARGENTINA LE DIRÁ “NO A LA ECONOMÍA VERDE” EN RÍO+20.
La posición de Argentina en la cumbre de Río+20 tendrá como eje el lema “No a la Economía Verde que proponen los centros de poder”, indicó la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora.
La categoría de Economía Verde “no está dirigida a naciones en vías de desarrollo, exige un nivel de tecnología que sólo tienen países como los de la Unión Europea y funciona como barrera comercial encubierta”, explicó la funcionaria en recientes declaraciones.
El secretario de Ambiente, Juan Mussi, se ha expresado en la misma línea de ideas.
“Tenemos que decirles a los países desarrollados que no somos conejitos de India, que no ensayen productos tecnológicos en nuestro país a costa de la salud de los argentinos”, dijo.
De esta manera, Argentina se aleja de su tradicional posición conciliadora en cumbres ambientales, y se acercará a una posición más combativa, característica de país como Venezuela y Bolivia.
En tanto, el legislador argentino oficialista, Juan Cabandié, también presente en el encuentro, indicó: “No tenemos que tomar los enlatados de las ONG que se ocupan del tema. Primero hay que recordarles que se preocupen por su país de origen. Tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.
“Concebimos al ambiente no sólo como la protección del patrimonio natural o como el resultante de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, sino centralmente como el derecho de todos los argentinos y argentinas a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social y ambiental”, dice el primer punto del documento.
La declaración plantea la necesidad de “evitar medidas proteccionistas verdes que constituyan restricciones encubiertas al comercio”.
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CHILE APOYA AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y “ECONOMÍA VERDE” EN RÍO+20.
El gobierno de Chile planteará ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20, su compromiso con el desarrollo sustentable y el concepto de la “economía verde”.
Con miras a la cita internacional, el Ministerio de Medio Ambiente y un grupo de organizaciones ecologistas prepararon un documento, que establece que el desarrollo sustentable “se logrará con la integración de sus tres pilares, a saber, social, económico y ambiental”.
Aclaró que esos pilares “no deben ser vistos como metas separadas, sino que como el producto de la convergencia entre el desarrollo económico, mejoras sociales y protección del medio ambiente”.
“El objetivo final del desarrollo sostenible es lograr progresos constantes hacia un futuro de bienestar y prosperidad humana universalmente compartida dentro de los recursos finitos del planeta”, indicó el estudio oficial.
El documento, que delinea la posición que llevará Chile a la Conferencia que se realizará del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, apunta que los objetivos del desarrollo sustentable se vinculan a otras metas del gobierno, como la derrota de la indigencia en 2014.
En lo que respecta al concepto de “economía verde” o “economía ecológica”, el gobierno chileno consideró que la cita Río+20 “proporciona una oportunidad para discutir los posibles beneficios, así como eventuales riesgos que se desprenden del concepto”.
“El camino hacia una economía que tome en cuenta las preocupaciones ambientales requiere un cierto grado de flexibilidad y la consideración de los distintos niveles de desarrollo económico, social y ambiental de cada país”, apuntó el documento.
Agregó que ese objetivo tiene como mira “un crecimiento económico fuerte, sostenible e inclusivo, a través de: la promoción del desarrollo de recursos humanos”.
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ANTESALA RÍO+20: PAÍSES DEL SUR ACEPTAN ECONOMÍA VERDE.
No es cierto que los países en desarrollo condicionaron la inclusión de la economía verde en el documento final de Río+20 a definiciones sobre financiamiento, según informa la jefa de la delegación de Venezuela, Claudia Salerno Caldera. “Eso es un rumor sin sustento”, sostuvo.
El jueves 14, el Grupo de los 77 (G-77) países en desarrollo más China se retiró de la mesa que discutía economía verde, alegando que las naciones ricas obstaculizaban todo avance en los “medios de implementación”, es decir la transferencia de tecnología y el financiamiento para hacer frente a la transformación de los patrones de producción y consumo.
El viernes las discusiones llegaron a punto muerto en otros varios terrenos y este sábado 16 Brasil presentó un documento consolidado en busca de consenso antes de que los jefes de Estado y de gobierno lleguen a esta ciudad para el segmento cimero de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, entre el 20 y el 22 de este mes.
Los países en desarrollo “iniciaron la negociación sobre economía verde y sobre los cambios necesarios”, y eso avanzaba “maravillosamente bien” hasta que la discusión llegó a medios de implementación, describió Salerno.
¿Cómo es posible “que nosotros, con las luchas contra la pobreza que tenemos, estemos más dispuestos a esa transformación que los que se supone que tienen mejores condiciones?”, se preguntó.
Las propuestas para reverdecer la economía que el Norte industrial había puesto sobre la mesa en enero iban en el sentido de crear nuevas barreras al comercio, “y las peleamos desde entonces y hemos logrado ajustarlas”, indicó la venezolana.
El acuerdo “no podía destruir 20 años de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y todo lo adoptado en materia ambiental” porque tú tienes una crisis, sentenció, en referencia a la Unión Europea (UE).
Sin embargo, “el debate se recondujo” y el capítulo de economía verde “es hoy uno de los que tienen mayor cantidad de textos ya acordados”, aseveró. “¿Por qué no hay un solo párrafo acordado sobre medios de implementación?”, interrogó. Porque los países ricos “no quieren nada”.
Los estados aceptaron “limitar la naturaleza prescriptiva de la idea de ‘economía verde’” y colocar en su lugar “políticas de economía verde”, reconociendo que los países “deben retener la capacidad de definir cómo adaptarlo a sus circunstancias específicas”, según Alex Rafalowicz, asesor legal de la no gubernamental Red del Tercer Mundo, que sigue de cerca los debates.
A los gobernantes les toca decidir “si puede ser la crisis y la coyuntura lo que impida al político tener una visión de 20 años”, dijo Salerno. “Todo el mundo tiene una crisis distinta. Europa clama por la suya y la vive poniendo sobre la mesa como justificativo”.
El anuncio esta semana de un fondo de 30.000 millones de dólares “ya es un acuerdo y no lo vamos a revisar. Si ellos (Estados Unidos y la UE) se echan para atrás en lo que los propios países desarrollados colocaron como la gran bandera política de la cumbre de cambio climático de Copenhague, entonces estamos muy mal”. Pero “incluso eso hemos visto”, agregó.
Las delegaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, que coordinan sus posturas en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), salieron este sábado 16 a hablar en duros términos sobre los retrocesos en financiación.
De hecho, “el G-77 se retiró de los debates sobre economía verde porque fue el ALBA y Bolivia que observamos que los medios de implementación están yendo por un rumbo tan equivocado y absurdo que aparece como fuente de financiamiento la caridad privada”, dijo a TerraViva el jefe de negociaciones sobre cambio climático de Bolivia, René Orellana.
“No sabemos si se están burlando de nosotros o efectivamente quieren desmantelar la cooperación internacional”, agregó. “¿En dónde dice que las obligaciones validadas en numerosos tratados internacionales se suspenden en tiempos difíciles?”, cuestionó.
Su país “tiene esperanza en el proceso de Río+20″, dijo, pero “queremos ver un documento que exprese el derecho al desarrollo, los derechos de la Madre Tierra, la armonía con la naturaleza y un enfoque que nos resuelva la pobreza”.
Bolivia, Venezuela y otros países latinoamericanos productores de hidrocarburos se encuentran ante el dilema de una economía basada en una producción sucia.
“Tenemos una dependencia muy importante de esos recursos no renovables, y por ser vulnerables no podemos salir de un día para otro de esa dependencia, salvo que tengamos transferencia de tecnología, la condición para migrar de una energía no renovable a una renovable”, abundó Orellana.
Sin embargo, “nuestra contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero es de 0,03 por ciento. Y de repente quieren que asumamos una enorme responsabilidad en la reducción de emisiones países que no somos los culpables del cambio climático. Si lo hacemos de un día para otro, dejaremos a nuestros estados sin posibilidad de ingresos”.
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EL MITO DE LA “ECONOMÍA VERDE”.
Como estrategia los gobiernos, las empresas y agencias de la ONU construyeron el mito de la “economía verde” y el “reverdecimiento de la tecnología”, presentado como una solución a la crisis ambiental que coincide el cuidado de la tierra con la economía capitalista. Pero en realidad, es una estrategia para el avance del capital.
Este capitalismo verde tiene como objetivo las zonas rurales: ya hemos visto sus efectos en la forma de concentración de la tierra, la privatización del agua y los océanos, territorios indígenas, parques nacionales y reservas naturales.
Vean cómo son presentadas las FALSAS SOLUCIONES:
1. Los créditos de carbono y bonos de la biodiversidad: siguen el principio de que quien tienen dinero puede continuar contaminando y compensando. En otras palabras, los países ricos y las grandes empresas pueden contaminar y destruir los ecosistemas, si se le paga a alguien para que, supuestamente, conserve la biodiversidad en algún otro rincón del planeta.
2. REDD (Reducción de Emisiones Derivadas de Deforestación y Degradación):anuncian que es un sistema para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la deforestación y la degradación de los bosques. Mas imponen, por un pago irrisorio, planes de gestión que niegan a las familias y las comunidades rurales el acceso a sus propias tierras, bosques y fuentes de agua. Por otra parte, garantizan el acceso sin restricciones de las empresas a las áreas forestales colectivas, el aumento de la biopiratería.
3. Energía a través de la “biomasa”: la conversión de las plantas, algas y restos orgánicos en una fuente de energía para sustituir el petróleo, como los agrocombustibles, significa que millones de hectáreas están dedicadas para alimentar máquinas , que deberían estar cubiertas de bosques o produciendo alimentos. Son los agrocombustibles, que ya conocemos, más por su acción depredadora que por su posible solución.
4. “Agricultura climaticamente inteligente”: con el pretexto de desarrollar una agricultura adaptable a diferentes climas, quieren imponernos el uso de transgénicos “adaptado” a la sequía y los nuevos agrotóxicos. Podemos perder el control sobre nuestros territorios, nuestros ecosistemas y nuestra agua, y producir alimentos con veneno, colocando a la población en riesgo.
5. Restricción al uso del água: bajo el pretexto de que el agua de riego es escasa, sugieren que el agua se concentre en “cultivos de alto valor”, es decir, regar los cultivos de exportación, agrocombustibles y otros cultivos industriales, y que se deje de regar cultivos para la propia alimentación.
6. Salidas “tecnología”: proponen las opciones peligrosas, tales como la geoingeniería y el cultivo de los cultivos transgénicos. Ninguna de las soluciones propuestas por geoindustria demuestra tener la capacidad real de solucionar los problemas del clima. Por el contrario, algunas formas de geoingeniería (como la fertilización del mar) son tan peligrosas que, a nivel internacional, han declarado una moratoria sobre ellas.
7. Economía de los Ecosistemas y Biodiversidad (TEEB): colocan precio a todos los bienes naturales (como el agua, la biodiversidad, el paisaje, la fauna, las semillas, la lluvia) para luego privatizarlas y cobrar por su uso. Es el asalto final contra la naturaleza y la vida, sino también los medios de trabajo y de la vida de las personas que viven de la agricultura, la caza y la pesca. En última instancia es el dominio de los territorios, ya que estos pagos se hacen por contrato entre las comunidades y las empresas.
8. Energía renovable: hay un gran interés del capital en establecer un nuevo mercado energético supuestamente sustentable, como la eólica, solar y otras. Transnacionales y Otras Empresas como Siemens están invirtiendo fuertemente en este negocio. Sin embargo, hay una crítica del uso de la gran producción de energía que ya existe, destinada en su mayoría para la industria minera.
Saque usted sus propias conclusiones…
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