PERÚ DESARROLLA PLAN PARA MEDIR Y PROTEGER SUS RECURSOS NATURALES.
El crecimiento económico de Perú se asienta en su gran capital de recursos naturales, que nutren más de 50 por ciento de su producto bruto y 80 por ciento de las exportaciones. Ante esa importancia, el gobierno encara un proyecto para valorizar y financiar la protección de ese patrimonio.
Fernando León, asesor sobre incentivos económicos en la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), indicó que, “atado a la física, hay una infraestructura natural que el Estado debe proteger”.
A modo de ejemplo, señaló que, “si en un proyecto de agua potable solo te preocupas por los tubos y la infraestructura y no por conservar las cuencas que proveen el recurso que pasará por los tubos, ¿qué se va a potabilizar para la población?”.
Este especialista fue titular, hasta fines de 2011, de la Dirección General de Evaluación, Valorización y Financiamiento del Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, que planteó la necesidad de impulsar proyectos de protección de estos bienes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Su sucesor en la repartición, Roger Loyola, quien continúa con este empeño, informó que para fines de este año prevé que el llamado “SNIP verde” ya empiece a ejecutarse.
Loyola y su equipo avanzan en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene a su cargo el SNIP, en la elaboración de los lineamientos, el marco conceptual y los términos que se van a manejar en los proyectos ambientales.
Este proceso implica un desafío para los técnicos, porque hay que demostrar que estas iniciativas tienen rentabilidad económica para el país, explicó. Por ejemplo, demostrar el beneficio económico de proteger una especie en extinción, añadió.
En esta etapa, se impulsan proyectos de diversidad biológica, cambio climático, ordenamiento territorial y áreas naturales protegidas, todas áreas que trabaja el Ministerio del Ambiente (Minam).
Fuentes de la Dirección General de Política de Inversiones del MEF indicaron que “lo primero que se está haciendo es evaluar cuáles de todos estos proyectos califican como inversión pública”.
Después que se unifiquen los conceptos al interior del Minam con miras a que sirva de referencia a los otros sectores y se compatibilice los conceptos ambientales y económicos, se trabajará en las pautas y guías metodológicas para la elaboración y aprobación de los proyectos.
El biólogo Sandro Chávez, coordinador nacional de Foro Ecológico y exjefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, consideró que es positiva la iniciativa del SNIP verde.
Sin embargo, Chávez advirtió que el gobierno no debe “caer en el error de diferenciar la inversión pública solo para proyectos de conservación cuando el componente ambiental debe estar incorporado en todos los proyectos que presenten los sectores del Estado para garantizar que sean sostenibles”.
León, en contraste, señaló que los proyectos específicos que impulsa el Minam deben verse como una primera etapa, debido a que le tocó comprobar, cuando impulsaba el SNIP verde como funcionario público, que no es fácil convencer al Ministerio de Economía que dé ese paso.
El asesor de la ICAA consideró que, pese a las resistencias, en el MEF ya se impulsan proyectos verdes.
Recordó que, en septiembre pasado, en un taller regional sobre financiamiento de políticas públicas y conservación de la diversidad biológica en la Amazonia andina, Mónica Muñoz Nájar, de la Dirección General de Política de Inversiones del MEF, anunció que existen 15 proyectos ambientales en el SNIP.
En este banco de iniciativas, destaca un proyecto del gobierno de la norteña región de San Martín para recuperar servicios ecosistémicos que proveen de agua a la población.
Loyola aseguró que existe una gran expectativa de los gobiernos regionales para presentar proyectos ambientales al SNIP verde. En ese marco, León consideró que las iniciativas deben ser priorizadas ni bien arranque este nuevo sistema, “porque lo que consumimos en las ciudades tiene conexión con el ámbito rural, con lo que existe en el interior del país”.
Los expertos consideran que deben realizarse reportes permanentes en los que se evidencie los beneficios que otorgan los recursos ambientales y cuánto se pierde si se los maltrata para desterrar esa idea de que la naturaleza es gratuita e infinita.
En un análisis sobre la situación ambiental de Perú de 2007, el Banco Mundial concluyó que los daños al ambiente que se producen en este país tienen un costo económico de 3,9 por ciento del producto interno bruto (PIB) y afectan principalmente a los más pobres.
Se estima, en este informe, que “el impacto de la degradación ambiental para los pobres en relación a los no pobres es 20 por ciento más alto en términos de impacto por cada 1.000 personas y 4,5 veces más alto en términos de impacto por unidad de ingreso”.
En agosto comenzó a funcionar en Perú un comité intersectorial integrado por 28 instituciones y liderado por el Instituto de Estadística e Informática (INEI) para establecer las cuentas verdes en degradación ambiental, agua y bosque, con la asesoría técnica del Minam.
En ese ámbito “se buscará incorporar las variables ambientales a la contabilidad nacional”, explicó Araceli Urriola, especialista en cuentas ambientales de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. “Lo que se dice la oferta y la demanda (en términos ambientales) de todas las actividades económicas”, agregó.
México, Guatemala y Colombia han presentado avances interesantes al respecto, aseguró Urriola. Sin embargo, en Perú, este proceso de valorizar los beneficios y las pérdidas de la naturaleza, de establecer un PIB verde, apenas comienza. Se espera que los miembros del Comité se reúnan antes de fin de mes para elaborar un plan de trabajo, informó el INEI.
“Los impactos ambientales son acumulativos y no se sienten de inmediato. Esto ha hecho que algunos gobiernos no le den importancia a conservar y preservar. Por eso, al valorizar el daño ambiental, se quiere alertar sobre la importancia de conservar porque de lo contario lo pagaremos mañana”, puntualizó Loyola.
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LOS HUMEDALES MÁS EXTENSOS DEL PLANETA ESTÁN EN BOLIVIA.
Sitios Ramsar se refiere a ecosistemas de humedales de importancia internacional, de acuerdo a la Convención de Ramsar sobre humedales.
Esta convención se celebró en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, entrando en vigencia a partir de 1975 y actualmente se encuentran adheridos a ella más de 145 países.
Bolivia realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaria de la Convención Ramsar para designar tres nuevos sitios Ramsar como las subcuencas Blanco, Matos y Yata, que totalizan 7.968.259 hectáreas las cuales fueron priorizadas por la Gobernación del Departamento de Beni, que son de mucha importancia departamental y nacional por la alta diversidad biológica.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas fueron los encargados de realizar las gestiones correspondientes.
El pasado sábado 02 de febrero se celebró el día “Mundial de los Humedales”, ocasión en la que en un acto en la ciudad de Trinidad se entregó los certificados que permiten la declaración a nivel internacional de los tres nuevos sitios Ramsar, aprovechando la llegada de la Consejera para las Américas de la Convención, Dra. María Rivera.
Según la Consejera para las Américas de la Convención Ramsar, con esos datos Bolivia ocupa el primer lugar con mayor extensión en sitios Ramsar.
“Quiero felicitar las acciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, gobernación del Beni, e instituciones del área por el trabajo arduo para lograr la certificación de estos tres nuevos sitios Ramsar”, sostuvo Rivera.
Asimismo indicó que “a nivel internacional nos permitirá desarrollar actividades de ecoturismo e implementar proyectos e iniciativas compatibles con la conservación y manejo sustentable de estos ecosistemas”.
Estos humedales tienen características espectaculares, como ser sitios de alta diversidad biológica, donde se han registrado 131 especies de mamíferos, 568 aves, 102 reptiles, 62 anfibios, 625 peces y más de 1.000 especies de plantas. Contienen especies identificadas como vulnerables, en peligro o en peligro crítico.
Se superpone límites con 8 áreas protegidas de carácter nacional, departamental y municipal. Incluye ecosistemas poco representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs), son sitios con baja densidad.
Las llanuras son sabanas inundables estacionalmente en planicies por desborde de ríos, que corresponden a las sabanas húmedas. Es una extensa llanura aluvial de unos 180.000 km. situada en su mayor parte en el Departamento del Beni, en la Amazonía boliviana.
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GOBIERNO DE PARAGUAY DECIDE ARROJAR CLORO A CONTAMINADAS AGUAS DEL LAGO YPACARAÍ.
El Gobierno de Paraguay decidió arrojar lejía (cloro) en grandes cantidades como medida para reducir el mal olor que desprenden las contaminadas aguas del lago Ypacaraí, a medio centenar de kilómetros de Asunción.
Según fuentes oficiales, esa fue la decisión adoptada en una reunión ministerial en la residencia del presidente, Federico Franco, quien decretó una declaración de emergencia para el lago.
El ministro de Salud, Antonio Arbo, conjuntamente con el intendente de la ciudad de Areguá, la más afectada por el mal olor, para desarrollar campañs informativas antes de derramar una “cantidad considerable cloro” en el lago, también se plantea la evacuación de los vecinos que viven más cerca del Ypacaraí.
El lago Ypacaraí está situado a unos 50 kilómetros al oriente de Asunción y sus aguas son utilizadas para consumo en las localidades vecinas de San Bernardino, Ypacaraí y Areguá.
Es, además, un popular destino recreativo y turístico, pero el 24 de septiembre pasado el Gobierno prohibió el consumo de sus aguas y pescados, el baño y la práctica de deportes acuáticos tras detectar la presencia de algas tóxicas.
En los meses transcurridos, la situación ha empeorado, lo que llevó al gobierno a decretar la emergencia para tomar medidas inmediatas de mejora del lago.
El Ministerio de Salud advirtió en septiembre que el 90% de los focos de contaminación del lago provenían de industrias y que sus desechos eran la causa principal de la aparición de las cianobacterias o algas tóxicas.
El pasado 30 de enero, el Gobierno conminó a la Fiscalía a actuar contra 194 empresas que supuestamente arrojan sus desechos al Ypacaraí.
El ministro de Obras, Enrique Salyn Buzarquis, en compañía del titular de la Secretaría del Ambiente (SEAM), Heriberto Osnaghi, presentó la petición al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
La SEAM detectó entre las empresas que supuestamente contaminan el Ypacaraí a mataderos de ganado, estaciones de servicio, balnearios y fábricas de materiales de construcción, así como desagües de las cloacas
Finalmente recomendó, además, tomar en este momento todas las medidas para evitar un “desastre final” en el lago.
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URUGUAY BUSCA PENALIZAR EL MALTRATO ANIMAL.
El Parlamento uruguayo analizará este año un proyecto de ley para penalizar el maltrato a los animales que no constituye un delito penal todavía en el país.
Aunque las peleas de gallos, que están prohibidas desde hace casi un siglo, todavía son motivo de apuestas clandestinas.
Según fuentes oficiales en el parlamento uruguayo se formó una comisión en la cámara baja a los efectos de tratar “la problemática del maltrato animal y la protección a los animales”.
Este grupo de trabajo, hará hincapié en un proyecto que presentó en 2011 “para penalizar el maltrato a los animales y prohibir su utilización en los circos”.
Para casos de maltrato o muertes de animales, “el proyecto prevé que si la persona no tiene antecedentes, tendrá que llevar adelante tareas comunitarias como pena sustitutiva y si los tiene, deberá cumplir pena de prisión”, explica un comunicado.
Grupos ecologistas constantemente denuncian que, a pesar de estar prohibidas desde 1918 – al igual que las corridas de toros- las peleas de gallos “se siguen practicando porque el Ministerio del Interior no las controla”.
Muchas han sido las manifestaciones y protestas por parte de ecologistas y conservacionistas que hoy ven con esperanza la instauración de leyes para la protección de los animales.
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