COMUNIDAD INDÍGENA DE ECUADOR RESISTE LA SEDUCCIÓN DEL PETRÓLEO.
Para la comunidad de Sani Isla, en la Amazonía ecuatoriana, abrir la puerta al crudo significaría mejor educación y más ingresos, y sin embargo ha dicho no a los pozos, una disyuntiva que también deberán afrontar los votantes del país andino en los comicios del 17 de febrero.
Los indígenas kichwas de Sani Isla estuvieron tentados por las ofertas de la estatal Petroamazonas, pero al final optaron por la preservación de su selva, que es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, según explicaron a Efe miembros de la comunidad.
Los 11,6 millones de ecuatorianos llamados a las urnas tendrán que plantearse también ambas posibilidades, al votar entre ocho candidatos a la Presidencia con posturas diversas sobre el oro negro.
En un extremo está Rafael Correa, el actual mandatario, de izquierda, quien lidera las encuestas con un amplio margen e impulsa la ampliación de las explotaciones petroleras y mineras con la apertura a los taladros de áreas nuevas de la Amazonía.
Correa argumenta que esos recursos son necesarios para el desarrollo del país y enfatiza que se empleará la tecnología más avanzada para el respeto al medio ambiente.
En el otro extremo se sitúa Alberto Acosta, quien rechaza la “obsesión extractivista” del mandatario y denuncia el costo ecológico de esos proyectos.
Acosta es el candidato de una coalición de fuerzas indígenas y de izquierda que fueron aliadas de Correa. Los otros seis aspirantes se sitúan entre las posturas de uno y otro.
Para los 785 miembros de la comunidad de Sani Isla ese debate no es algo abstracto, sino que es determinante para su futuro.
Ocupan un territorio de 37.000 hectáreas en las márgenes del Río Napo, un afluente del Amazonas, aunque reclaman otras 53.000, según Patricio Jipa, uno de sus líderes, de 42 años.
En el territorio de sus vecinos sí hay explotaciones y el pozo más cercano está a 10 kilómetros. Esas comunidades les observan para ver si ellos pueden prosperar sin petróleo, como si fueran un “proyecto piloto”, explicó Jipa.
El punto de inflexión para Sani Isla ocurrió hace una década, cuando montaron una hostería comunitaria en las márgenes de la laguna Challuacocha, un lugar de vegetación exuberante poblado de caimanes y garzas.
Para construirla emplearon dinero del petróleo, entregado por la empresa estadounidense Oxy, que entonces realizaba operaciones en su territorio, relató Jipa.
En lugar de repartirse los fondos, los indígenas lo invirtieron en construir cabañas para turistas.
Oxy salió del país en 2006 por una disputa con el Gobierno y el llamado bloque petrolero 15 pasó a manos de la estatal Petroamazonas.
Oxy salió del país en 2006 por una disputa con el Gobierno y el llamado bloque petrolero 15 pasó a manos de la estatal Petroamazonas.
Recientemente la compañía puso sobre la mesa ayudas económicas a cambio de consentimiento para realizar estudios sísmicos en su territorio, según Jipa.
“Fue una oferta muy tentadora, porque ofrecieron colegios, otro lugar para manejar ecoturismo”, dijo Jipa.
La empresa aún no ha respondido a una petición de Efe de ofrecer su versión al respecto.
Jipa dijo que el presidente de Sani Isla, Leonardo Tapuy, inicialmente firmó un acuerdo con Petroamazonas, pero la comunidad lo rechazó porque no fue fruto de una decisión común.
Jipa dijo que el presidente de Sani Isla, Leonardo Tapuy, inicialmente firmó un acuerdo con Petroamazonas, pero la comunidad lo rechazó porque no fue fruto de una decisión común.
El pasado 13 de enero celebraron una asamblea y en ella los indígenas invalidaron el acuerdo y dijeron no a la petrolera, relató.
La Constitución de Ecuador obliga a hacer una “consulta previa” a las comunidades antes de iniciar ese tipo de proyectos pero el Gobierno considera que su resultado no es vinculante.
“Antes estábamos divididos, pero ahora tenemos una sola idea”, admitió Tapuy, de 40 años, que argumentó que el turismo ofrece trabajo de forma permanente para la comunidad, mientras que la petrolera “es solo por el momento y luego se va”.
Blanca Tapuy, una madre de siete hijos de 43 años, se opuso al acuerdo por el impacto ambiental que a su juicio acarrean las operaciones petroleras. “Vienen a destruir a nuestro ambiente, la enfermedad cae y después no tenemos plata para curarnos”, dijo.
Los miembros de la comunidad trabajan por turnos durante seis meses en la hostería, que recibe principalmente a extranjeros que buscan una experiencia única en la Amazonía, tanto por la belleza de la selva como por la riqueza cultural de los propios kichwa.
Jipa cree que el ecoturismo no es compatible con la explotación petrolera y considera que al optar por preservar la naturaleza están “peleando por el mundo”.
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COLOMBIA PERDIÓ 710.000 HECTÁREAS DE BOSQUE EN 24 AÑOS.
Esta cifra equivale solo a lo devastado por incendios forestales que se desataron entre 1986 y 2010.
A propósito de la ola de calor que ha marcado los primeros días del año, recientemente se conoció un informe que da cuenta de que en 24 años, entre 1986 y 2004, el país ha perdido un total de 710.000 hectáreas de bosque por cuenta de incendios forestales.
El estudio lo realizó la Fundación Piensa Verde, especializada en temas ambientales, el cual está basado en información oficial proporcionada por el Ministerio de Ambiente y de la Unidad para la Gestión del Riesgo.
Una de las conclusiones es que el área perdida por los incendios forestales equivale a varias veces la extensión de la capital del país.
Daniel Quintero Calle, director de la fundación, afirmó que “según Greenpeace, el 96 por ciento de estos estragos ocurren por acción del hombre de forma accidental o intencional. En Colombia hablamos de 710.000 hectáreas, un área similar a cuatro veces la extensión de Bogotá”.
El experto en temas ambientales agregó que hay evidencia de que los incendios son causados en varias zonas del país intencionalmente por las personas, a quienes calificó de “criminales del medio ambiente” por los daños que causan.
“La situación amerita medidas urgentes”, dijo Quintero Calle, quien recordó que el Código Penal establece cárcel de 2 a 10 años y multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales por ese tipo de acciones.
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VENEZUELA: ACABAN CON LA TORTUGA ARRAU.
La población de la Tortuga Arrau del Orinoco medio está siendo diezmada, desde noviembre del 2012, a raíz del Arresto y Tortura del personal del Minestrio del Ambiente por parte de la Guardia Nacional.
El Consejo Comunal Boca de Cinaruco, realizando contraloría social ha denunciado que pescadores ilegales en confabulación con los guardias nacionales adscritos al Refugio están sacando tortugas para su venta en Puerto Ayacucho y otras ciudades. Acabando con la tortuga, pescando ilegalmente, destruyendo 24 años de duro trabajo y millones de bolívares invertidos.
El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables decretó el Refugio de Fauna Silvestre de la Tortuga Arrau en 1989 con la finalidad de proteger a la tortuga del Orinoco durante su fase de anidación, hoy ese espacio también es aprovechado por otras especies acuáticas. Está ubicado en el Orinoco medio entre las desembocaduras de los ríos Parguaza y Cinaruco, y es un Área Bajo Régimen de Administración Especial, ABRAE.
El Refugio abarca las principales playas de posturas de esta especie, las hembras se congregan a partir del mes de enero frente a estas playas para realizar el desove. Los tortuguillos nacen durante el mes de mayo.
Actualmente hay una población cercana a las 800 hembras adultas, cifra muy baja en comparación a la reportada por Alejandro von Humboldt en el año 1800, cuando estimó una población de 330.000 hembras.
Ha sido mucho el esfuerzo que ha realizado el Ministerio del Ambiente en estos 24 años: guardería los 365 días del año, trasplante y resguardo de nidadas y cría en cautiverio de miles de tortuguillos para aumentar la población.
Muchos han sido los enemigos y las amenazas que se han ganado los funcionarios por proteger este recurso, pero nunca se imaginaron que lo peor que les iba a pasar tanto a funcionarios como a la tortuga misma vendría de la propia Guardia Nacional.
Mientras tanto las tortugas se siguen congregando en las playas del Refugio en donde ahora ningún funcionario del MinAmb quiere estar. Los cazadores furtivos y pescadores ilegales apoyados por la GN son los que ahora están dentro del Refugio sacando tortugas para su venta en Puerto Ayacucho.
Quizás debamos colocar esta situación como la más grave dentro de los espacios que por ley deben proteger la fauna y la vida silvestre en Venezuela.
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BRASIL FINANCIA ESTUDIO SOBRE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA.
La Ministro brasileña de Ambiente Isabel Teixeira recientemente firmó un acuerdo con el Banco Nacional de Desarrollo, que financia el estudio.
El gobierno dice que el inventario ayudará en la formulación de políticas ambientales dirigidas a preservar los bosques y evitar la deforestación. El año pasado, Brasil perdió 4.656 kilometros cuadrados (1.797 millas cuadradas) de Amazonia por la deforestación.
Esa es la cantidad más pequeña de la historia. Más del 60 por ciento de 6,1 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonia se encuentran en Brasil.Seún fuentes del gobierno el últmo estdio de la región se remonta a 1983.
La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 6 millones de km² repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y el Perú poseen la mayor extensión de la Amazonia, seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y la Guayana Francesa.
La Amazonia se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el mundo.
El 11 de noviembre de 2011 la selva amazónica fue declarada una de las siete maravillas naturales del mundo.
El 11 de noviembre de 2011 la selva amazónica fue declarada una de las siete maravillas naturales del mundo.
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