TRAFICANTES DE MADERA DEPREDAN NUEVE REGIONES DE BOLIVIA.
La tala y el tráfico ilegales carcomen los recursos maderables de los bosques del país y han hallado otro método para burlar el control de las autoridades: los desmontes fantasma.
Según el último informe de la Autoridad Nacional de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que apunta a nueve “zonas críticas” donde imperan estos delitos. La riqueza forestal de Bolivia se expresa en que ocupa el sexto escalón mundial en extensión de bosques tropicales y el decimoquinto en cobertura boscosa.
Pero este patrimonio fue en franco detrimento en las últimas cuatro décadas, ya que la superficie de bosques estimada en la nación hasta 1993, que alcanzaba a 53,5 millones de hectáreas —o sea 48,6% del territorio nacional—, decayó a 46 millones por la deforestación aplicada entre 1975 y 2010. Peligros. Las causas de ello son la extracción indiscriminada de árboles y los desmontes para la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería y el contrabando de madera.
A la par, del total de superficie boscosa, 41,2 millones de hectáreas llevan el rótulo de Tierras de Protección Forestal Permanente, de las que 28,1 millones pueden ser explotadas sin restricciones, 2,3 millones poseen alguna restricción y las restantes 10,8 millones son consideradas áreas protegidas. Los artículos 346 y 348 de la Constitución Política determinan que los suelos, agua, aire, bosque y biodiversidad son recursos de carácter estratégico y de interés público.
Asimismo, el manejo sustentable e integral de los bosques es clave en el nuevo modelo económico plural, que apuesta hacia una administración comunitaria de estos territorios, bajo una premisa ecológica y con sustento cultural. Los bosques nativos dominan el paisaje de las regiones de los Yungas paceños, el Chapare cochabambino, el norte amazónico, los llanos del Beni y Santa Cruz, la Chiquitanía y el Chaco.
La ABT maneja que hay entre 240 y 303 variedades de especies maderables, que tienen un potencial productivo de 300 millones de pies cúbicos; de ellas, la mara, el roble y el cedro se hallan en proceso de extinción. La explotación y los desmontes legales de los recursos maderables se rigen a los Planes Generales de Manejo Forestal, los Planes Operativos Anuales Forestales y los Certificados Forestales de Origen en cuanto al transporte de madera.
El año pasado hubo un alza de 45.958 hectáreas del área de bosques bajo planes de manejo con relación a 2010, de 687.145 a 687.145, y el 94% de autorizaciones ha favorecido a comunidades campesinas e indígenas y sólo 6% a propietarios privados y empresas forestales.
El director de la ABT, Cliver Rocha, estima que, antes de 2010 —cuando comenzó a operar la entidad que reemplazó a la Superintendencia Forestal—, un 80% de la madera comercializada provenía del contrabando. Hoy, se estima que los operativos han permitido que más del 60% de la madera demandada por los mercados locales pase por el control estatal, y esta mejora se demuestra en otros números.
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PARAGUAY: AMBIENTALISTAS RECHAZAN DECRETO DE IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE ALGODÓN TRANSGÉNICO.
Ambientalistas de la organización “Alter Vida” manifestaron su rechazo al decreto 9.503, firmado por el presidente Federico Franco, que da vía libre a la importación de semillas de algodón transgénico y piden que se haga público el dictamen de la comisión de Bioseguridad.
La organización ambientalista Alter Vida emitió un comunicado que expresa su rechazo a la implementación de semillas transgénicas que ya cuenta con el visto bueno de Franco.
En la nota exigen al Ejecutivo que haga público el dictamen emitido por la comisión de bioseguridad, principalmente los de inocuidad alimentaria y licencia ambiental. Dicha resolución debe ser enviada por la secretaría del Ambiente (SEAM) y el ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Además, defienden el postulado de que el algodón transgénico promueve un modelo que perjudica sobremanera al modelo agrícola, sometiendo económicamente a los agricultores al volverlos dependientes al uso de agroquímicos, que además repercuten negativamente en la salud y el medioambiente.
También, Alter Vida argumenta que el decreto transgrede la resolución ambiental número 376, que aprueba la solicitud de entrada a organismos genéticamente modificados.
Finalmente, la organización considera ilegal el decreto presidencial y responsabiliza directamente al gobierno de Federico Franco por los daños y consecuencias que provoque el uso de transgénicos en la agricultura de nuestro país.
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