Cortaron en Bolivia el paso hacia Argentina
en apoyo a la marcha indígena
Frontera - Yacuiba: El proyecto vial -financiado por Brasil- que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure para unir los departamentos de Cochabamba y Beni se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno de Evo Morales. A la masiva marcha indígena que partió días atrás hacia La Paz, se sumó este lunes la interrupción de un tramo de la carretera entre la ciudad de Santa Cruz y el poblado de Yacuiba, en la frontera con Argentina.
"Estamos en un punto estratégico, sobrepasando más de 400 hermanos para tomar otras medidas en respaldo a la marcha. La toma de la carretera es indefinida, dependerá de la voluntad del gobierno", dijo el presidente de las organizaciones indígenas de Santa Cruz, Ernesto García, quien anunció que la medida se replicará en otras rutas de los departamentos de Tarija y Chuquisaca.
La marcha, que se inició hace dos semanas en la ciudad amazónica de Trinidad, está detenida en el poblado de Totaizal (a 500 km de La Paz) a la espera de un diálogo, aunque el gobierno pide que esa negociación no tenga lugar allí. "Parece que no tiene sentido instalar mesas de diálogo con la multitud", declaró el ministro de Obras Públicas, Omar Delgadillo, que relató que en un primer acercamiento con los manifestantes, la semana pasada, una turba de radicales impedía cualquier consenso. "No lo vamos a hacer en la multitud; no lo vamos a hacer en el lugar donde está la marcha", señaló.
En réplica, los indígenas dijeron que están "preparados para iniciar" el diálogo e instaron a las autoridades a llegar a San Borja, un poblado cercano a la marcha.
De no encontrarse una solución en los próximos días, la situación podría agravarse. Unos 2 mil indígenas del norte y altiplano de La Paz prevén unirse a la caminata cuando llegue a ese territorio, pero algunos grupos cocaleros cercanos a Morales anunciaron que intentarán frenar la marcha.
Bloquearán la marcha
"Estamos en un punto estratégico, sobrepasando más de 400 hermanos para tomar otras medidas en respaldo a la marcha. La toma de la carretera es indefinida, dependerá de la voluntad del gobierno", dijo el presidente de las organizaciones indígenas de Santa Cruz, Ernesto García, quien anunció que la medida se replicará en otras rutas de los departamentos de Tarija y Chuquisaca.
La marcha, que se inició hace dos semanas en la ciudad amazónica de Trinidad, está detenida en el poblado de Totaizal (a 500 km de La Paz) a la espera de un diálogo, aunque el gobierno pide que esa negociación no tenga lugar allí. "Parece que no tiene sentido instalar mesas de diálogo con la multitud", declaró el ministro de Obras Públicas, Omar Delgadillo, que relató que en un primer acercamiento con los manifestantes, la semana pasada, una turba de radicales impedía cualquier consenso. "No lo vamos a hacer en la multitud; no lo vamos a hacer en el lugar donde está la marcha", señaló.
En réplica, los indígenas dijeron que están "preparados para iniciar" el diálogo e instaron a las autoridades a llegar a San Borja, un poblado cercano a la marcha.
De no encontrarse una solución en los próximos días, la situación podría agravarse. Unos 2 mil indígenas del norte y altiplano de La Paz prevén unirse a la caminata cuando llegue a ese territorio, pero algunos grupos cocaleros cercanos a Morales anunciaron que intentarán frenar la marcha.
Bloquearán la marcha
El líder de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob), Ernesto Sánchez, informó este domingo que las etnias de guaraníes y ayoreos de Santa Cruz iniciarán el lunes bloqueos en las principales rutas de esa región para apoyar la marcha. Además, unos 2.000 indígenas del norte y altiplano de La Paz prevén unirse a la caminata cuando llegue a territorio paceño.
Pero así como la marcha suma apoyos, otros están a favor del proyecto vial que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure para unir los departamentos de Cochabamba y Beni. Los beneficiaros son en abrumadora mayoría campesinos y colonos dedicados al cultivo de hoja de coca en el Chapare, el feudo político y sindical que aún controla el presidente Evo Morales.
De hecho, la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi, otra zona productora de coca en los Yungas de La Paz, decidieron que impedirán el paso de la marcha por su territorio. A su vez, las federaciones de cocaleros del Chapare realizarán un mitin en Cochabamba el próximo 3 de septiembre para apoyar el proyecto, que será financiado por Brasil con el argumento de lograr la "integración vial".
En el medio, los llamados al diálogo del Gobierno no llegaron a buen puerto. El presidente Evo Morales envió la semana pasada a dos ministros para que negociaran con las etnias en la Amazonía, pero los indígenas insistieron en que sólo se reunirán con el mandatario. La secuencia se repitió este domingo.
"Les estamos invitando no sólo a ponernos juntos para decidir cuál va a ser el trazado (de la carretera), sino además para que hagan sugerencias de tipo de reparación y mitigación ambiental", sostuvo la ministra de Desarrollo Productivo. E insistió: "Aún no hay ningún trazado previsto" para la ruta.
En este contexto, cada parte se encerró en su postura y el diálogo no parece estar cerca. Por eso, el gobierno de Morales volvió a apelar a un argumento que suele utilizar para atacar a sus opositores: acusarlos de estar financiado por los Estados Unidos, a través de la USAID, la agencia estadounidense de cooperación, y de algunas ONGs.
"Al otorgar migajas y prevendas económicas a los dirigentes de los marchistas, la USAID va chantajeando inclusive en algunas comunidades (donde) hermanos quieren levantarse contra el Gobierno", afirmó este domingo Morales. Y agregó: "En 2008 se financiaba a los partidos de la derecha para conspirar al gobierno y al proceso y ahora usan a algunos indígenas con fines netamente políticos".
Concretamente, Morales reveló una serie de llamados entre los indígenas y la USAID y afirmó que agencia financió la marcha opositora. La organización no negó los dichos del mandatario, pero aclaró que también financia proyectos de los cocaleros del Chapare.
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