PROTESTA INDIGENA EN BOLIVIA.
Una protesta indígena contra Morales despierta un racismo atávico en Bolivia
La novena marcha para impedir una carretera en un parque natural sufre el acoso del Gobierno
“Aquí no van a entrar esos mulas, caras de llama”, gritan partidarios del presidente Morales
Existen leyes contra la discriminación a los indígenas, pero no se han aplicado
Pese a haber sufrido las peores expresiones de racismo a su paso por varios poblados del norte amazónico boliviano, una novena marcha indígena avanza lentamente, por el agobio de la altura, hacia La Paz. Van a defender ante el Gobierno su “casa grande”, un parque nacional, que continúa bajo la amenaza de quedar dividido por la construcción de una carretera. Le queda unos diez días de ascenso a las cumbres andinas, a más de 4.500 metros, para llegar a la sede de Gobierno en medio de una adversa campaña oficial de descrédito y desprestigio.
“La columna ha sido atropellada, de palabra y hecho, por personas que siguen al Gobierno, pero nosotros nunca vamos a responder a las agresiones. Siempre mostramos nuestra vocación de disciplina y respeto”, afirma el presidente de la Confederación Indígena del Oriente (CIDOB), Adolfo Chávez, que encabeza la columna.
Atrás ha quedado San Ignacio de Moxos. Son muchos los kilómetros que ya les separan, pero todavía resuena en los oídos de los caminantes las amenazas vertidas por los dirigentes de organizaciones vecinales y sindicales de este pueblo, el más indígena de la región, fundado durante la Conquista. “Que se atrevan a pasar por aquí, les vamos a reventar”; “si los agarramos, los vamos a colgar”; “aquí no van a entrar estas mulas, caras de llama, vayan por donde les hemos indicado”. Son algunos de los gritos exaltados de vecinos y dirigentes de organizaciones sociales afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que han expresado su apoyo a la iniciativa presidencial de construir un camino entre Beni y Cochabamba por medio del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Los más vehementes defensores del proyecto son una parte de los ganaderos, de los comerciantes y transportistas que, con financiación brasileña, se han asentado en el lugar tras emigrar del altiplano.
Grupos radicales cerraron las calles de acceso al centro de San Ignacio con alambres de espinos, utilizados por los ganaderos para delimitar sus pastizales, para impedir a los indígenas que pasaran por el pueblo.
La imagen del alambre ha puesto en evidencia un retroceso de siglos “cuando al indio le estaba negado su ingreso a la plaza y su tránsito por las calles en los espacios urbanos”, ha señalado el sociólogo beniano Ismael Guzmán. “La historia de la lucha por la tierra en Beni está marcada por el alambre de púa: el trazo de cada nuevo alambrado significaba una nueva pérdida por la vía del despojo” para los originarios.
En Bolivia está vigente una ley contra la discriminación y el racismo que castiga este tipo de expresiones, pero, aparentemente no se han iniciado acciones de oficio en este caso.
En la localidad de Yucumo, los indígenas tuvieron que pasar por las calles en silencio y de madrugada para no molestar a los vecinos. Allí, los sindicatos cocaleros y campesinos apoyan el proyecto del TIPNIS.
Los insultos han sido recogidos y transcritos en un documento de denuncia, elaborado por la columna de caminantes, para expresar “cuán desamparados” se sintieron ante “el abuso y la prepotencia de las autoridades, entre estas el alcalde Basilio Nolvani, que convocó con carácter obligatorio a todos los funcionarios públicos (para) cercar y bloquear el paso de la marcha”.
“La CIDOB va a plantear una demanda cuando acabe la novena marcha, pero no esperamos nada. Qué podemos esperar si dentro de la estructura misma del Estado se desconoce la ley, se impulsa el racismo. El racismo se ha ahondado en el país incitado desde las filas del propio gobierno”, dice Chávez y con un dejo de resignación hace notar que “el ministerio público y los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo están cooptados” por el partido gubernamental.
Muy diferente ha sido la reacción de la Fiscalía General, que ha encausado a la exprefecta de Chuquisaca, la quechua Sabina Cuéllar, al destituido alcalde Jaime Barrón y a perseguidos líderes de organizaciones civiles acusados todos de encabezar, en mayo de 2007, una deplorable muestra de racismo contra campesinos, supuestamente oficialistas, a quienes castigaron en la plaza de armas de Sucre y que se derivó en una condena general. El proceso no ha concluido y los presuntos autores tienen libertades restringidas.
Los indígenas llevan más de 45 días por los caminos de tierra. Han soportado intensas lluvias que les ha obligado a andar descalzos en el lodo, pero en el tiempo transcurrido hubo alegrías: aumentó la familia con el nacimiento de unos mellizos y otro niño varón, atendidos primero en los campamentos y trasladados después a centros médicos.
Esta es la novena marcha de indígenas para reclamar en La Paz la paralización del proyecto TIPNIS. Las anteriores derivaron en duros enfrentamientos con la policía del presidente indígena Evo Morales.
El apoyo de los vecinos a la causa de los indígenas fue claro y contundente en Caranavi, pese a que los cocaleros, los sindicatos campesinos y de mujeres campesinas intentaron cerrar el paso a los marchistas para impedir su ingreso a la ciudad. Tras algunas escaramuzas, golpes y discusiones, los vecinos escoltaron a la columna hasta el alojamiento que prepararon para recibirlos y protegerlos hasta su partida hacia La Paz.
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CUMBRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE RÍO+20 DEJÓ 60 TONELADAS DE BASURA.
Culminó con una larga lista de promesas para avanzar hacia una “economía verde” que frene la degradación del medio ambiente y combata la pobreza, bajo el fuego de las críticas por falta de metas vinculantes y financiamiento.
El legado poco ecológico que dejó la cumbre fue unas 60 toneladas de basura, según informó la Compañía Municipal de Limpieza Urbana de Río de Janeiro.
La cifra incluye la basura recogida en la última semana en el centro de convenciones Riocentro, en donde se realizó la reunión oficial, así como en los locales que acogieron los principales eventos paralelos, incluyendo la Cumbre de los Pueblos, que agrupó a centenas de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.
Los esfuerzos de la ONU y de las ONG para que sus citas en pro del desarrollo sostenible no dejaran muchos desechos, entre ellos la distribución de los documentos por vía digital en lugar del papel, no impidieron que quedara el elevado volumen de basura.
El total de basuras de la Río+20 es casi la sexta parte de las 370 toneladas dejadas en la playa de Copabacana por las cerca de dos millones de personas que participaron en la última fiesta de fin de año en Río de Janeiro.
Según el coordinador de sostenibilidad de la Río+20, el biólogo Francisco Nilson, los organizadores realizaron campañas para concienciar a los participantes de los diferentes eventos sobre la gestión correcta de la basura.
Otra estrategia fue preferir materiales biodegradables, como los vasos para el agua, que fueron fabricados con residuos vegetales de la caña de azúcar y del maíz, y materiales sostenibles, como las botellas portátiles y reutilizables que fueron distribuidas para reducir el consumo de vasos.
Nilson explicó que la experiencia adquirida será aprovechada en otros eventos mundiales y masivos que Río de Janeiro organizará, como el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. La Río+20 terminó con una declaración que algunos negociadores y las ONG consideran como poco ambiciosa y sin muchos compromisos.
La Cumbre sirvió para lanzar una negociación destinada a establecer Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en asuntos vitales, entre ellos el tratamiento de la basura. Según la ONU, la Río+20 fue la mayor Conferencia que ha promovido hasta ahora en número de participantes, ya que en los cerca de 500 eventos oficiales del encuentro estuvieron presentes 45.381 personas, incluyendo unos 12.000 delegados de 188 países, 4.075 periodistas y representantes de 9.856 ONG.
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