LOS PUEBLOS ORIGINARIOS REANUDARON LA MARCHA HACIA LA PAZ
La Paz, Bolivia - Los aborígenes consideran que no es "ni legítima ni válida" la intención de realizar una consulta ciudadana sobre el tema, una iniciativa del presidente. Entre tanto, el propio mandatario se mostró este sábado duro en sus críticas a los manifestantes, denunciando que la caminata tiene un objetivo político, el de "hacer fracasar las elecciones (de autoridades) judiciales" que se realizarán dentro de apenas dos semanas, el 16 de octubre.
"Es un tema político y no de reivindicación del medioambiente", declaró el mandatario, quien defendió los objetivos de integración y de combate a la pobreza que tiene la cuestionada ruta al TIPNIS.
"Vamos a seguir esperando que se establezca una línea de diálogo en algún momento", informó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, mientras que Rafael Quispe expresó su desconfianza porque la semana pasada el gobierno los invitó a dialogar y pocas horas después se ordenó una represión.
El mayor momento de tensión se vivió el domingo pasado, cuando fuerzas policiales intervinieron con violencia la marcha indígena que se dirigía a La Paz, y que llevaba más de 30 días, en una situación que despertó una generalizada condena ciudadana.
Presionado por las circunstancias de la intervención, Morales anunció la suspensión temporal del proyecto para efectuar una consulta a las regiones involucradas y pidió disculpas por la violencia de las fuerzas del orden.
Los hechos le cobraron factura al gobierno con la renuncia de dos ministros, tras lo cual el dirigente oficialista Jorge Silva opinó que "el MAS (el partido de Morales) atraviesa su peor momento".
Los nativos se oponen a que la carretera atraviese un territorio rico en flora y fauna de 10 mil kilómetros cuadrados y donde habitan 50 mil aborígenes, bajo el argumento de que el proyecto afectará su hábitat natural. En apoyo a Morales, campesinos afines al oficialismo protagonizaron el viernes en la sede de gobierno una marcha a cuyo paso se produjeron algunos enfrentamientos con otros ciudadanos, mostrando que todavía subsiste en la opinión pública un malestar por la excesiva violencia empleada.
Los campesinos colonizadores, también de tendencia oficialista, anunciaron para el próximo 12 de octubre una gran marcha de respaldo al gobierno, aunque han aclarado que ya no bloquearán a los indígenas de la amazonía.
La Central Obrera Boliviana, el máximo ente sindical, otorgó al gobierno un plazo hasta el próximo miércoles para que ofrezca una respuesta definitiva, caso contrario amenaza con convocar a una huelga de 48 horas.
Circulan versiones sobre un malestar en filas de la policía ante el temor de que las autoridades responsabilicen directamente a algunos miembros de esa fuerza por la violenta represión, dado que el gobierno aseguró que ésta no fue ordenada ni por el presidente ni por el ministro de Gobierno.
Fue demandado por "genocidio"
La denuncia fue admitida por la Fiscalía General, con sede en Sucre, según confirmó el diputado opositor Tomás Monasterio, de la alianza Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional. El legislador justificó la acusación de "genocidio" porque el código penal boliviano admite esa figura no sólo cuando hay muertes, sino también cuando se ocasionan "lesiones de inhumana subsistencia" y cuando hay "desplazamientos" violentos de personas, lo que, según dijo, ocurrió el pasado domingo.
"Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de la violencia (...) Pese a que fue una intervención policial, el presidente no actuó conforme a las leyes para evitar que haya este tipo de hechos", dijo el diputado.
Agregó que "por más que la orden no haya sido dada por el presidente Morales", como afirman las autoridades, su obligación era "precautelar los derechos de los indígenas y no lo hizo". La Fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y, si encuentra suficientes pruebas, el mandatario podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.
Unos 500 agentes atacaron el domingo con gases y porras el campamento de los indígenas cerca de Yucumo, amordazaron a dirigentes de las etnias amazónicas y a mujeres y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en autobuses y camionetas a pueblos vecinos, según los testigos. La acción policial una crisis institucional con la renuncia de dos ministros, un viceministro y otros funcionarios.
Los indígenas reanudaron este sábado su marcha de la Amazonía a La Paz para exigir la suspensión definitiva de la carretera que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Tras los disturbios, Morales decidió el lunes pasado suspender las obras...
"Es un tema político y no de reivindicación del medioambiente", declaró el mandatario, quien defendió los objetivos de integración y de combate a la pobreza que tiene la cuestionada ruta al TIPNIS.
"Vamos a seguir esperando que se establezca una línea de diálogo en algún momento", informó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, mientras que Rafael Quispe expresó su desconfianza porque la semana pasada el gobierno los invitó a dialogar y pocas horas después se ordenó una represión.
El mayor momento de tensión se vivió el domingo pasado, cuando fuerzas policiales intervinieron con violencia la marcha indígena que se dirigía a La Paz, y que llevaba más de 30 días, en una situación que despertó una generalizada condena ciudadana.
Presionado por las circunstancias de la intervención, Morales anunció la suspensión temporal del proyecto para efectuar una consulta a las regiones involucradas y pidió disculpas por la violencia de las fuerzas del orden.
Los hechos le cobraron factura al gobierno con la renuncia de dos ministros, tras lo cual el dirigente oficialista Jorge Silva opinó que "el MAS (el partido de Morales) atraviesa su peor momento".
Los nativos se oponen a que la carretera atraviese un territorio rico en flora y fauna de 10 mil kilómetros cuadrados y donde habitan 50 mil aborígenes, bajo el argumento de que el proyecto afectará su hábitat natural. En apoyo a Morales, campesinos afines al oficialismo protagonizaron el viernes en la sede de gobierno una marcha a cuyo paso se produjeron algunos enfrentamientos con otros ciudadanos, mostrando que todavía subsiste en la opinión pública un malestar por la excesiva violencia empleada.
Los campesinos colonizadores, también de tendencia oficialista, anunciaron para el próximo 12 de octubre una gran marcha de respaldo al gobierno, aunque han aclarado que ya no bloquearán a los indígenas de la amazonía.
La Central Obrera Boliviana, el máximo ente sindical, otorgó al gobierno un plazo hasta el próximo miércoles para que ofrezca una respuesta definitiva, caso contrario amenaza con convocar a una huelga de 48 horas.
Circulan versiones sobre un malestar en filas de la policía ante el temor de que las autoridades responsabilicen directamente a algunos miembros de esa fuerza por la violenta represión, dado que el gobierno aseguró que ésta no fue ordenada ni por el presidente ni por el ministro de Gobierno.
Fue demandado por "genocidio"
La denuncia fue admitida por la Fiscalía General, con sede en Sucre, según confirmó el diputado opositor Tomás Monasterio, de la alianza Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional. El legislador justificó la acusación de "genocidio" porque el código penal boliviano admite esa figura no sólo cuando hay muertes, sino también cuando se ocasionan "lesiones de inhumana subsistencia" y cuando hay "desplazamientos" violentos de personas, lo que, según dijo, ocurrió el pasado domingo.
"Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de la violencia (...) Pese a que fue una intervención policial, el presidente no actuó conforme a las leyes para evitar que haya este tipo de hechos", dijo el diputado.
Agregó que "por más que la orden no haya sido dada por el presidente Morales", como afirman las autoridades, su obligación era "precautelar los derechos de los indígenas y no lo hizo". La Fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y, si encuentra suficientes pruebas, el mandatario podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.
Unos 500 agentes atacaron el domingo con gases y porras el campamento de los indígenas cerca de Yucumo, amordazaron a dirigentes de las etnias amazónicas y a mujeres y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en autobuses y camionetas a pueblos vecinos, según los testigos. La acción policial una crisis institucional con la renuncia de dos ministros, un viceministro y otros funcionarios.
Los indígenas reanudaron este sábado su marcha de la Amazonía a La Paz para exigir la suspensión definitiva de la carretera que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Tras los disturbios, Morales decidió el lunes pasado suspender las obras...
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