INDÍGENAS DE ECUADOR SIGUEN ESPERANDO QUE LOS CONSULTEN.
La Constitución de Ecuador reconoció en 2008 amplios derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, como la consulta previa, que les da oportunidad de incidir en decisiones que afecten su vida.
Pero este derecho no está plenamente reglamentado, mientras sigue en debate el proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.
El inciso 7 del artículo 57 de la Constitución garantiza la “consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”.
El texto constitucional también da a estas poblaciones derecho a “participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna”.
“Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”, añade.
La base jurídica de la consulta también se rastrea en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Ecuador ratificó en 1998, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.
Pero recientes proyectos mineros y petroleros pusieron a prueba la voluntad del gobierno de respetar la consulta, y en alerta a las organizaciones indígenas.
El 28 de noviembre de 2012, cientos de nativos llegaron a Quito a protestar con grandes carteles porque no hubo consulta antes de convocar la XI Ronda de Licitación Petrolera, que puso a disposición de capitales privados yacimientos que contendrían 1.600 millones de barriles de crudo.
En ese momento, Domingo Peas, líder de la nacionalidad achuar, aseguró que “el gobierno dice que ha realizado consulta previa, pero esto no es verdad”.
“Las consultas realizadas entre los pueblos y nacionalidades de las zonas de influencia son nulas porque su reglamentación no contó con participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, no se respetaron sus métodos tradicionales de toma de decisiones y no se incluyeron procedimientos culturales adecuados, como el idioma”, agregó.
En síntesis, dijo Peas, “no son previas, no son libres, no son informadas y se han desarrollado con mala fe”.
El presidente de la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, considera que el trabajo de las autoridades no es suficiente.
“La consulta previa está pendiente, todavía no tenemos los resultados que quisiéramos. Necesitamos que se apruebe la ley, con eso se avanzaría mucho”, comentó.
El proyecto, de 29 artículos, se refiere a consultas sobre medidas legislativas y prevé cuatro fases: de preparación; de convocatoria pública e inscripción; de realización de la consulta, y de análisis de resultados y cierre.
De esta forma, el Estado determinará si un proyecto de ley afecta los derechos de cierta comunidad y luego la Asamblea Nacional legislativa convocará a una consulta prelegislativa que se ejecutará a través del Consejo Nacional Electoral.
Es clave que esta norma entre en vigencia, porque “garantizará a las nacionalidades indígenas su participación para decidir en futuras leyes que las afecten directamente, y así se evitará la falta de consensos”, comentó la legisladora nativa Lourdes Tibán, del izquierdista y opositor movimiento Pachakutik.
Una vez en vigencia esa legislación, se podrán abordar proyectos de mayor interés, como la ley de recursos hídricos, cuyo debate se pospone desde 2010 precisamente por la resistencia de los pueblos indígenas, que exponen una preocupación central: que lo que propongan en la consulta prelegislativa no sean incluido en la redacción final de la ley consultada.
Lo mismo ocurre con otras iniciativas legales, como la de culturas y la de tierras.
He ahí el meollo del conflicto.
Un año atrás, el presidente Rafael Correa advirtió en uno de sus mensajes sabatinos que las organizaciones no gubernamentales “buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante; eso significa que para dar cualquier paso, vamos a tener que pedir permiso a la comunidad”.
“Eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías, sino de la unanimidad. Sería imposible gobernar así”, advirtió.
Ante esta afirmación, las organizaciones indígenas buscaron blindarse, solicitando a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT que supervisen la aplicación de la consulta previa.
De hecho, comunidades indígenas ya echaron mano a alguno de esos mecanismos. En 2003, el pueblo kichwa de Sarayaku denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por autorizar exploración petrolera en su territorio, sin contar con una consulta previa.
La comunidad, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, denunció daños en su territorio, cultura y economía. En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado.
El gobierno todavía estudia cómo pagar una suma de 1.398.000 dólares de indemnización por daños materiales e inmateriales, costas y gastos del proceso, y cómo terminar de resarcir el daño.
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REALIZAN EN NICARAGUA TALLER INTERNACIONAL SOBRE CONSERVACIÓN DE MANGLARES.
El tercer taller de la iniciativa regional para la conservación y el uso racional de manglares se realizó en Nicaragua, con la participación de representantes de diversos organismos internacionales.
El objetivo primordial de la reunión es elaborar un plan de acción regional, donde se puedan establecer acciones conjuntas, explicó el representante en Nicaragua de la Convención Ramsar, René Castellón.
En el encuentro participaron representantes de América Latina y el Caribe de la Convención Ramsar, el organismo Flora y Fauna, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
En 1971, un total de 18 países, 13 de ellos europeos, firmaron la Convención para la protección de los humedales en la ciudad iraní de Ramsar.
Los humedales son zonas de propiedades geológicas diversas, como ciénagas, esteros, marismas, pantanos, turberas, así como las zonas de costa marítima que presentan anegación periódica por el régimen de mareas (manglares).
En el desarrollo del taller se expusieron las experiencias de cada país, con la finalidad de intercambiar conocimientos en cuanto al manejo sostenible de los humedales.
Se propuso establecer una estrategia financiera junto a un plan de acción, avalado por la secretaría general de la Convención Ramsar
Se acordaron labores conjuntas entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, países que comparten el Golfo de Fonseca.
En el encuentro participaron, además, el coordinador de Programa de Política Ambiental, Conservación y Manejo Sostenible de Recursos Naturales de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán), Wilfred Leupolz.
Leupolz afirmó que se aprecia un panorama positivo, con posibilidades de cooperación, al tener en cuenta la importancia de la participación de los habitantes de las zonas en los humedales.
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EN URUGUAY MARCHAN CONTRA LA MINERÍA Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
La convocatoria fue de más de treinta organizaciones sociales y de productores rurales.
Miles de uruguayos, cientos de ellos a caballo, participaron recientemente en la Cuarta Marcha Nacional en defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales, en rechazo a la minería a cielo abierto y que culminó frente a la Presidencia.
Convocada por más de treinta organizaciones sociales, de productores rurales y de vecinos de varios departamentos la marcha se inició en el Obelisco de Montevideo y recorrió todo el centro de la capital generando un caos en de tránsito.
Según los organizadores unas 10.000 personas participaron en la protesta.
El objetivo de la marcha es “denunciar una situación muy compleja que vive Uruguay en el tema ambiental”, destacó, Julio Gómez, uno de los coordinadores de la marcha.
Los proyectos de megaminería “son incompatibles con un país de praderas y de suelos productivos como es Uruguay”, agregó Gómez.
Al referirse al proyecto de la minera Aratirí, del grupo Zamon Ferrous, Gómez, que recientemente realizó un postgrado en derecho minero según dijo “para saber mas del tema”, afirmó que “pone en peligro el esquema hídrico del país”.
El proyecto de la minera Aratirí propone extraer hierro a cielo abierto a razón de 18 millones de toneladas anuales en cinco minas con una explotación de cerca de 4.300 hectáreas.
Además, abarca la construcción de un mineroducto de unos 200 kilómetros y a través de los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres y Rocha, para llevar el hierro hasta las costas del océano Atlántico, y de un puerto para la salida de las exportaciones.
Uruguay “no tiene tradición minera”, la explotación a cielo abierto “ha sido descartada por su gran contaminación en varios países” y el Gobierno del presidente José Mujica “no está controlando como se debe los proyectos que, sin duda, afectan el medio ambiente”, agregó.
La protesta de los ambientalistas estuvo dirigida fundamentalmente hacia el Gobierno pero “también” hacia el Parlamento y a los legisladores que “deben preocuparse mas” por el tema y “escuchar la voz del pueblo”, manifestaron algunos de los participantes de la marcha.
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MICROORGANISMOS NATIVOS CONTROLAN PLAGAS.
El uso de microorganismos nativos en sustitución de los agroquímicos para el control de plagas y como atenuante al deterioro de las tierras de cultivo se ha convertido en una alternativa real en Latinoamérica.
“Todo el mundo se sorprende, porque nadie creía que podría utilizarse el control biológico en grandes extensiones. Hoy se está aplicando por pequeños y medianos productores, organizaciones indígenas, municipios y otras instituciones que contribuyen a reducir el impacto de la actividad agrícola en el ambiente”.
Las afirmaciones la realizó Miguel Angel Crespo, director de Productividad Biosfera y Medio Ambiente (PROBIOMA), organización no gubernamental que hace 21 años inició las investigaciones en este campo de la biotecnología en Bolivia.
Las enfermedades más comunes entre los insectos son causadas por hongos microscópicos que regulan sus poblaciones. Con el uso de agroquímicos estas enfermedades también han sido afectadas y al generar los insectos resistencia a los agroquímicos se fueron multiplicando sus poblaciones de manera que los microorganismos que los controlaban fueron desapareciendo.
“Lo que hicimos fue aprender a identificar microorganismos nativos que son controladores de ciertas plagas frecuentes en los cultivos. Los aislamos en laboratorio, los multiplicamos y luego los reinsertamos en los campos de cultivo”, explica Crespo.
Por otro lado, indica que estos microorganismos sólo actúan si está su huésped (es decir gusanos, chinches, pulgones y otros insectos que afectan a los cultivos). Si no está, desaparece o se queda en estado de latencia en colonias muy pequeñas y son inocuos a las personas, animales y plantas. Además no contaminan el medio ambiente, no degradan la tierra y más bien muchos de ellos la enriquecen.
Otra de las ventajas que tienen es que son de fácil aplicación. Luego de pasar por el laboratorio, ya que vienen de forma líquida o en polvo para ser diluidos en agua, pueden ser usados en pequeñas o grandes extensiones, sólo variando las dosis.
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PERÚ: CONFLICTO DE INTERESES DETRÁS DE LA PROPUESTA CARRETERA DE LA AMAZONÍA.
El proyecto de construcción de una carretera de 270 km de longitud atravesando la Amazonía peruana está plagado de incumplimientos de la ley y posibles conflictos de intereses, según ha declarado hoy Global Witness en su nuevo informe.
Mientras se realizan debates en la legislatura del Perú sobre las ventajas de la construcción una carretera a través de la selva amazónica, un nuevo informe de Global Witness afirma que el proyecto ha sido agresivamente empujado por los que tienen un interés financiero en la apertura de la zona remota a la tala y la minería.
Las carreteras construidas en la Amazonía conducen a los picos de la deforestación, la minería, la caza furtiva y otras actividades extractivas. Como áreas remotas se vuelven repentinamente accesibles. La carretera en cuestión, puede causar daños en la Amazonía peruana rica en biodiversidad y hogar de tribus indígenas que han optado por vivir en “aislamiento voluntario”.
Si se construye, la carretera Purús a lo largo de 270 kilometros (167 millas) desde Puerto Esperanza, en Ucayali a Iñapari en Madre de Dios, dividiendo en dos el Parques Nacionales del Alto Perú, la Reserva Comunal Purús y la Reserva Territorial Madre de Dios. De acuerdo con el informe de Global Witness, el camino estaría violando “las leyes del Perú en las áreas protegidas.”
Sin embargo, el camino tiene un número de partidarios influyentes, entre ellos un sacerdote italiano de la región, Miguel Piovesan, quien propuso por primera vez la construcción de la carretera en 2004. Piovesan afirma que quienes se oponen a la carretera niegan al desarrollo económico de los grupos indígenas locales. Además, dice que las tribus aisladas que no existen en la zona, a pesar de la evidencia en contrario del Servicio de Parques Nacionales del Perú.
Pero incluso el informe de Global Witness admite que la región es una de las más descuidadas en el país, probablemente debido a una combinación de lejanía y una población muy pequeña.
“No hay duda de Purús las necesidades de desarrollo, según el informe.” 73 por ciento de Purús hogares no tienen electricidad y aquellas que sólo tienen acceso durante cinco horas al día. Una quinta parte de la población es analfabeta, una de las tasas más altas del país. Sólo hay siete puestos de salud y diez camas de hospital en toda la provincia. La esperanza de vida y los indicadores de desarrollo humano están dentro del 20 por ciento más bajo de todos los distritos en el Perú, mientras que el ingreso per cápita es sólo EE.UU. $ 85 por mes “.
Pero Billy Kyte, activista de Global Witness, dice que, si bien nadie discute las necesidades de desarrollo en algunas partes de la región, la carretera no es la solución.
“Es crucial que la inversión viene a la región Purús aislado para mejorar los servicios para la población, pero hay cuestiones importantes que deben ser respondidas por quién este proyecto realmente beneficiarse. Los enormes costos sociales y ambientales que se derivarían de esta nueva autopista no tienen ha sido adecuadamente evaluado y el Congreso debería votar en contra “, señala.
Según el informe subvencionado y el aumento de tarifa podría desempeñar un papel importante en el alivio de la pobreza en la región sin la carretera.
El informe sostiene que la preparación para el proyecto de la carretera antes de llegar al poder legislativo se ha visto afectada por conflictos de intereses, contratos ilegales de la madera, la discriminación contra los pueblos indígenas, e incluso sobornos.
“Un representante de la Federación de Comunidades Nativas de la provincia de Purús (FECONAPU), la organización que representa a las comunidades indígenas Purús ‘,
se le ofreció un soborno de 30.000 soles (unos 10.000 dólares EE.UU.) por un funcionario del gobierno local para apoyar la construcción de la carretera”, según se lee en el informe.
La ONG recomienda que el Congreso de Perú suspenda inmediatamente la ley de carreteras e investigar posibles conflictos de intereses relacionados con la legislación.
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