PARAGUAY: LA BATALLA CONTRA LOS TRANSGÉNICOS.
Paraguay se convirtió en escenario de un evento trascendental sobre todo para la subsistencia de la agricultura campesina nacional, lejana de los grandes intereses agroexportadores que ejercen un papel preponderante en su economía y tienen influencia vital en las esferas de poder del país.
Aunque las multinacionales y otros intereses foráneos ejercen su presión y poderío desde hace tiempo en la nación mediterránea, una ofensiva para la introducción masiva de los transgénicos en el campo se vio favorecida al extremo con la llegada al poder del actual gobierno, gracias a la interrupción del proceso democrático por la destitución del presidente Fernando Lugo.
Es imposible negar que el Ejecutivo nacido del golpe parlamentario del pasado mes de junio, encabezado por Federico Franco, cerró filas junto a la trasnacional estadounidense Monsanto, la cual monopoliza el 90 por ciento de la producción de semillas transgénicas en el planeta.
En sintonía con los grandes empresarios agrícolas y latifundistas del país, el gobierno defendió públicamente la conveniencia de la introducción de ese tipo de producción a despecho de las protestas de los sindicatos y otras agrupaciones campesinas que se registran continuamente en Paraguay.
Una primera decisión de Franco fue autorizar la compra de las semillas y los agroquímicos necesarios para utilizarlas con destino a lo que presentó como imprescinble para un incremento notable de la producción algodonera.
Las objeciones fueron fuertes porque ni siquiera se cumplió para ello con el Protocolo de Cartagena, ratificado por Paraguay en el 2003, el cual dispone el compromiso de efectuar previamente evaluaciones de riesgos antes de liberar al ambiente organismos genéticamente modificados.
Ese primer paso motivo las correspondientes acusaciones del sector campesino e indígena, el cual señaló que no sólo se liquidaba así el uso de la semilla autóctonas, sino que se abría paso al uso de agrotóxicos riesgosos para la salud de los agricultores, el medio ambiente y para el propio terreno.
La siembra y la cosecha con ese tipo de semillas y herbicidas no permite la utilización correcta de la tierra para cualquier otra cosecha y. además, su precio es incosteable para los pequeños y más humildes productores, lo cual los obliga a depender de los grandes hacendados y a entregarles sus cosechas.
Los argumentos esgrimidos por los defensores de la Monsanto permitieron recordar algo que se oculta en la propaganda profusamente diseminada sobre las bondades de la famosa semilla.
En primer lugar, para obtener beneficios de su utilización, es necesario usar el paquete tecnológico que la acompaña -por supuesto vendido por las propias multinacionales- así como contar con las condiciones objetivas para extraerle el mayor producto.
Eso significa fertilización óptima, irrigación y provisión de agua al mayor nivel, aplicación oportuna de los agrotóxicos y herbicidas y, finalmente, la mecanización de la cosecha.
Un documento preparado por el Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones sociales de izquierda, recordó que, en los países donde se aplica este paquete y se tienen las condiciones necesarias, los campesinos reciben un fuerte apoyo estatal.
Ese respaldo incluye la materialización de créditos blandos, así como la cobertura para la preparación de suelos, cosecha y comercialización, todo esto muy lejos de aquello con lo que pueden contar los campesinos paraguayos y sólo posible para los latifundios agroexportadores.
En las condiciones paraguayas, el campesino o indígena productor se convierte en otro cliente del gran empresario suministrador de las semillas adquiridas a la Monsanto, sin contar con el grave problema del aumento del desempleo, implícito en la mecanización impuesta por los dueños de los recursos.
Ahora acaba de salir a la luz pública el segundo gran anuncio del gobierno sobre el tema, pues se ampliarán los permisos a las grandes empresas para importar todo lo necesario para la producción de maíz transgénico.
El maíz, una de las principales producciones del campo paraguayo, se verá ahora copado por la profusa llegada de semillas para cinco variedades de ese alimento, la mayoría, por supuesto, adquiridas a través de la Monsanto.
Junto a ello, informaciones de prensa no desmentidas aseguraron que, antes de finalizar el año, Franco dará su visto bueno a la liberación de una modalidad de soja transgénica también con la participación de la mencionada multinacional norteamericana.
La noticia confirmó los temores de las organizaciones campesinas e indígenas de que no hay marcha atrás en lo referente a los acuerdos del gobierno con la Monsanto, la cual podrá controlar con sus semillas, herbicidas y agrotóxicos, acompañada por los grandes empresarios nacionales, todo el desarrollo y el producto de la agricultura nacional.
Eso incluye un golpe devastador a la agricultura familiar y campesina, de notable importancia en la estructura agraria paraguaya que, además, cuenta con una enorme masa de campesinos sin tierra, quienes verán todavía más disminuida por la mecanización la posibilidad de vivir y trabajar en una parcela propia.
Ante la avalancha, las organizaciones campesinas e indígenas prometieron continuar con sus movilizaciones, protestas de calle y apelación a todas las instancias posibles para detenerla.
Uno de sus principales dirigentes, Luis Aguayo, responsable de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas, fue concluyente al afirmar que las semillas transgénicas empeoran la situación del campo, agilizan la crisis climática y ponen en serio peligro la vida y la biodiversidad.
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