LOS ESTRAGOS DE LA CAZA FURTIVA EN LA ARGENTINA.
La cacería ilegal es, lamentablemente, muy popular en Argentina y abarca también a especies protegidas y en peligro de extinción.
El país presenta diferentes modalidades de caza: la de subsistencia, practicada especialmente por comunidades indígenas para alimentarse.
La caza cultural, sobre animales que se cree “mágicos” o con poderes especiales como algunas tortugas o sapos; la comercial, como lo es la caza del coypo, para peletería, y la de la liebre europea, por su carne; la deportiva, practicada sobre especies menores como patos, perdices o palomas y mayores como ciervos, jabalíes o antílopes; la de control, que persigue especies consideradas “problema” o plagas, perjudiciales para la producción agropecuaria o la conservación de determinados ambientes, y la científica, con fines de estudio.
La caza se realiza adecuadamente cuando quien la realiza respeta leyes, cuando se restringe sólo a especies permitidas, respeta los cupos, las temporadas, los sitios habilitados para tal fin y se obtienen los permisos pertinentes. Sin perjuicio de los planteos éticos que pudieran existir, bien manejada permite obtener recursos financieros que alientan a conservar áreas naturales que, de lo contrario, se convertirían en campos agrícolas o ganaderos con un impacto ambiental mucho más dramático para la naturaleza. Como también recursos que deberían volcarse a la conservación de especies y aéreas protegidas de la Argentina.
Por el contrario, la caza furtiva es la caza ilegal, la prohibida, que no respeta las leyes. Es la caza vedada, que se efectúa sin limites. Miles son los ejemplos de esta caza marginal que la hacen la más popular de todas las que se dan en nuestro país. Sólo para dar algunos ejemplos, podemos citar la realizada sobre especies protegidas y en peligro de extinción como el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, la taruca y el cauquén colorado, entre otros.
Recientemente, el país se conmovió ante la caza furtiva en Misiones de un yaguareté que estaba siendo investigado por biólogos. De hecho fue muerto cuando tenía un collar radiotransmisor gracias al cual se conocían sus hábitos (información crucial para conservar la especie).
En el marco de la campaña “La selva está de luto”, realizada con el objetivo de concientizar a la población sobre la situación del yaguareté e informar sobre lo sucedido recientemente, 14 mil personas respaldaron con su firma el petitorio que solicita a los gobiernos nacional y provincial destinar mayor presupuesto, más guardaparques, mejoras en infraestructura y controles contra la caza furtiva en las áreas naturales protegidas, para favorecer la conservación de la especie. A su vez, se recorrieron 13 ciudades del norte de Misiones para compartir información con los lugareños, llevando un yaguareté gigante como emblema.
Es Argentina es posible cazar ilegalmente, lo cual implica poder matar especies prohibidas o realizar matanzas indignantes. Los permisos se otorgan sin examen previo, se habilita a los guías con débiles exigencias y no se promueve que los cazadores inviertan en conservación. Las autoridades están lejos de realizar un correcto control y los clubes de caza que agrupan a muchos cazadores siguen enarbolando la bandera de la ética cuando son muy pocos los miembros que respetan las leyes. Todo esto hace que, en la práctica, el control quede delegado a la voz de la conciencia.
Como consecuencia, el país constituye un polo de atracción para cazadores del extranjero, que acuden por la llamativa “generosidad” de las normas que regulan la caza de algunas especies. Asistidos por empresas y guías locales, cazan especies permitidas, pero en cantidades sorprendentes, amparados por cupos de dudoso sustento técnico.
Sin duda alguna que el otorgamiento de licencias de caza debe restringirse a aquellas personas que sepan reconocer a las especies permitidas y estén al tanto de su estatus de conservación, que demuestren conocimientos básicos de su biología y respeto absoluto de las leyes vigentes. Esto debería aplicarse también a los guías. Es hora no solamente de que se establezca un estricto control sobre la actividad, sino de que los cazadores inviertan para apoyar la conservación de especies y de los ambientes naturales que las sustentan.
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