PARA DESPOSEERLOS.
Las
tierras en Formosa le pertenecen –legalmente– a la comunidad toba-qom
de
propias por decreto 80.513 de diciembre de 1940. Hasta allí, todos
están de acuerdo, pero la controversia surge del hecho de que, por
distintas razones, los qom repudian y el gobierno provincial
justifica, los habitantes naturales han ido perdiendo terreno y creen
que, de no ponerse firmes, van a seguir perdiéndolo. El ministro de
Gobierno de la provincia, Jorge Abel González, en una declaración
pública, sostuvo que el 10 de octubre de 2008, el máximo dirigente de
la comunidad, Félix Díaz, “desistió” mediante la firma de un acta del
derecho de propiedad de una porción de esa tierra, ocupada por la
familia Celía. En diálogo con Página/12, la abogada de la comunidad,
Roxana Silva, admitió la existencia de tal acta, pero aclaró que fue
obtenida “por la fuerza, con cientos de policías rodeando a la gente
que se había movilizado para protestar, igual que el martes 23 de
noviembre”, cuando dos personas murieron en medio de la represión
policial.
Eduardo Davis, el abogado que representa a la comunidad en la causa
por los sucesos del martes 23, abonó la teoría del despojo permanente,
recordando que desde 1940 en adelante “los sucesivos gobiernos le
fueron ‘peluqueando’ las tierras, al punto de que en algún momento, de
las cinco mil iniciales fueron quedando unas
familias criollas amparadas por los gobernantes de turno. Incluso le
restó hectáreas la creación, en 1951, del Parque Nacional Pilcomayo,
que en total ocupa 285 mil hectáreas, algunas de las cuales avanzaron
sobre las tierras que hoy sigue reclamando como suyas, por que lo son,
la comunidad
Dav
dictadura Juan Carlos Colombo expulsó a muchos criollos de las tierras
hoy en litigio, pero “por extraña razón nunca echó a la familia Celía,
que es la que hoy está siendo usada por el gobierno provincial para
quitarles tierras a los aborígenes, en vez de construir su proyecto
(un instituto de nivel universitario) en otros lugares de Formosa, con
la enorme cantidad de tierra disponible que hay. Los Celía tuvieron y
tienen buena relación con los gobiernos y por eso han ido acrecentando
sus tierras, en perjuicio de sus legítimos e históricos propietarios”.
En una solicitada que publicó en los medios locales, el ministro Jorge
Abel González –hasta ahora no fue posible hablar personalmente con él
o con sus asesores admitió la existencia del decreto del Estado
nacional de 1940 que otorgó oficialmente las cinco mil hectáreas a
“distintos grupos indígenas” que se asentaban en la zona de Naineck,
vecina a lo que hoy es la comunidad
de
Según la versión oficial, el derecho que les asistiría a los sucesores
de don Rosario Celía sería que éste, “en 1939, con anterioridad al
dictado del decreto” 80.513 inició “los trámites de tierras (en la
misma zona) ante el Ministerio de Agricultura de
razón, cuando en 1981 se hace la mensura de las tierras adjudicadas a
la comunidad “se deja fuera de las mismas las ocupadas por la familia
Celía, compensándose a la comunidad de
tierra al norte y al sur”. Así se va llegando, según la historia
oficial, a la firma del acta del 10 de octubre de 2008, cuando los
encabezados por Félix Díaz supuestamente “desisten” en sede policial
de seguir reclamando como suyas las tierras en litigio.
La abogada Roxana Silva afirmó que “no existe ningún documento que
certifique que los Celia son los legítimos propietarios de esas
tierras. No hay ningún dominio registral a favor de esa familia y el
único propietario registrado es el Estado provincial, porque son
tierras fiscales”. Agregó que los Celia permanecieron allí por “la
generosidad de la comunidad que encabeza Félix Díaz, que durante
muchos años mantuvo buenas relaciones con los ocupantes criollos. Lo
que pasa es que ellos fueron avanzando: edificaron, alambraron,
cercaron un total de
el gobierno”.
“Ahora, el proyecto del instituto universitario es del gobierno, ni
siquiera es de
en cualquier otro lado. Hacerlo allí es un capricho del gobernador
(Gildo Insfrán), no es otra cosa que eso. Acá se maneja todo como si
fuera un feudo.” La abogada sostuvo que en la provincia “no se
respetan los derechos indígenas, ni se quiere aplicar la ley nacional
26.160”, que reconoce los derechos preexistentes de las comunidades
originarias del país, mucho más lejanas, en el tiempo, que la
presentación que habría hecho don Rosario Celía en 1939.
También está vigente el convenio 169 de
Internacional del Trabajo), ratificado en
los derechos de los pueblos originarios a tener “una existencia
perdurable y diferente, a determinar sus propias prioridades de
desarrollo y controlar el mismo, y a ser consultados a través de
mecanismos apropiados acerca de cualquier decisión” que pueda
afectarlos. Los abogados de la comunidad recordaron que “esos
derechos, como se sabe, no son tenidos en cuenta”.
“El gobierno provincial está tratando de tapar el sol con un dedo. Y
el ministro González no puede decir que se están respetando los
derechos indígenas, porque él sabe muy bien de qué se trata, porque él
ha trabajado mucho sobre el tema. El sabe que para los pueblos
indígenas una cosa es la tierra y otra, el territorio. Para ellos, el
título de propiedad no es lo que vale, sino el de tener derechos sobre
su territorio, no para alambrar ni para construir casas, sino para
poder cazar, pescar, recoger los frutos de la tierra, sin alambrados
ni los impedimentos que ponen los blancos. Para poder vivir de la
forma que ellos han elegido vivir desde siempre”, concluyó Roxana
Silva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario